
La diputada oficialista Paola Vega lamentó que la mayoría de los diputados que integran la Comisión de Económicos del Congreso aprobara el expediente 21.423, una ley que busca entregarle ¢162 millones a la organización Obras del Espíritu Santo (OES).
Dichos recursos salen de la Junta de Protección Social (JPS) y estaban originalmente destinados a la casa hogar Tía Tere, pero dado que esta organización dejó de existir los recursos estaban en un limbo.
El problema es que para Vega no existió ningún estudio técnico que avale esta decisión.
“No hubo ningún criterio técnico que justifique regalar ¢162 millones, no dicen en qué se van a gastar, no se somete a una revisión de cuentas, al cumplimiento de objetivos y tampoco se hizo un ejercicio de priorización para saber si otras poblaciones podían recurrir con más urgencia estos recursos”, apuntó la diputada del PAC.
Para la legisladora podría ser prioritario apoyar iniciativas que impidan que más mujeres mueran asesinadas, lo cual pasa en parte porque el Inamu no cuenta con oficinas regionales, para que tramiten sus denuncias.
Agregó que no se pensó en poblaciones como adultos mayores, personas con discapacidad o comités de deportes.
“Es un trato de absoluta desigualdad con otras poblaciones y no es de recibo que los diputados no sean rigurosos con la erogación de fondos públicos, cuando se trata de organizaciones de su simpatía personal o porque les apoyan en sus elecciones”, agregó Vega.
El principal impulsor del proyecto es el socialcristiano Pablo Abarca, quien indicó que el traslado es por una única vez y con el fin de apoyar las obras de bien social que realiza esta organización religiosa.
CUESTIONAMIENTOS
Ya las OES habían sido cuestionadas en el manejo de otros recursos públicos que reciben, según la misma diputada Vega recordó.
“Esta organización ya recibe fondos públicos y ha sido cuestionada por la Contraloría General de la República y la auditoría del PANI de cómo los utiliza. Hay denuncias de que los libros contables no aparecen, que las facturas no corresponden con los datos que reportan y una serie de problemas nos hacen considerar si los recursos públicos que ahí se invierten merecen seguir ahí”, apuntó.
La iniciativa pasará ahora al plenario para su aprobación final.