Sin banderas políticas

Fernando Berrocal Exministro de Seguridad Pública

Fernando Obaldía niega haber promovido ruptura de quorum.

La lucha contra la narcoactividad y las poderosas mafias de la criminalidad transnacional organizada que han penetrado las estructuras políticas, económicas y sociales de Costa Rica, no tiene banderas políticas o partidarias. 

Es una obligación patriótica y soberana. 

Costa Rica enfrenta un poderoso delito transnacional, en un círculo vicioso y delincuencial de territorios nacionales y actividad criminal. 

Sin ser productor de un gramo, somos el primer país exportador mundial de cocaína colombiana y boliviana, al tiempo que el consumo de drogas y las adicciones, están atrapando trágicamente a nuestra sociedad y generando una gravísima crisis de violencia e inseguridad ciudadana. 

La decisión más importante, en muchos años, la dio está Asamblea Legislativa al aprobar, por unanimidad, reformar la Constitución Política y autorizar la extradición de costarricenses acusados y reclamados judicial y formalmente, por terceros países, de delitos de narcoactividad y terrorismo.  

Antes, solo se podía extraditar a “extranjeros perniciosos”, aplicando la Ley Orgánica del Ministerio de Gobernación y así lo hicimos firmemente, hace unos 18 años, con los capos colombianos Martínez Quinto y Franklin Viveros (“Papillo”), ambos vinculados directamente a las FARC y a la narcoactividad.

Contra viento y marea, progresos y retrocesos, Costa Rica está avanzando, deteniendo y expatriando a nacionales y extranjeros vinculados a la narcoactividad y realizando, a nivel policial y de seguridad, importantes y decisivas acciones estratégicas, bien focalizadas y coordinadas entre el OIJ, la PCD, Fuerza Pública y las Policías Municipales, con información y el apoyo activo y necesario de Agencias de Seguridad de países aliados que, igualmente, forman parte integral de este círculo transnacional y criminal de mafias. 

También, se debe destacar la actual construcción en marcha de un C-5 de información y alta tecnología en el Ministerio de Seguridad Pública y una cárcel de estricta seguridad por el Ministerio de Justicia. Dos muy positivas iniciativas.

Pero… en nuestra democracia y Estado Social de Derecho, de larga, sólida y bien fundamentada tradición civilista, no se trata sólo de represión, acción policial y cárceles. Se requieren otras políticas paralelas sociales y económicas.

Esta batalla debe darse y trabajarse integralmente y a nivel nacional, además, con una visión unitaria e integradora del Estado Costarricense,  desde la prevención y la asistencia estatal, con el apoyo de Organizaciones No Gubernamentales, en salud pública para tratar las adicciones, educación en las escuelas sobre el peligro del consumo de drogas para la juventud, mejoramiento municipal de barrios, instalaciones deportivas y salones comunales, construcción de vivienda popular y erradicación de tugurios,  mucha organización comunitaria, rendición de cuentas y trabajo conjunto y positivo entre los Cuerpos de Policía y las organizaciones de la sociedad civil. 

Ese es el camino costarricense… con valentía, dignidad, democracia y libertad.

¿Y usted qué opina?