Siguen tijeretazos a albergues de menores

Los tijeretazos siguen por parte del Gobierno en contra de albergues de menores y organizaciones sociales que atienden población en riesgo social. 

Mediante un comunicado, la Mesa de Trabajo por una Agenda Social para los Cuidados de las Niñas, los Niños y las Personas Adolescentes en Costa Rica externó su preocupación por una serie de recortes presupuestarios que vienen presentándose por parte del Gobierno de la República.

“Una vez más el actual Gobierno y la junta directiva del Patronato Nacional de la Infancia han aprobado recortes presupuestarios que afectan a las niñas, niños y adolescentes más vulnerables de Costa Rica. Entre estos recortes se encuentran las reducciones a las transferencias que se realizan a las familias que asumen el cuido de personas menores de edad, mediante la opción de Acogimiento Familiar (…)”, señalan. 

Las organizaciones acusan que, en un contexto en el que la pobreza infantil y adolescente alcanza un 38% de toda la población menor de edad en Costa Rica: “el actual gobierno profundiza decisiones recortistas de la inversión en personas menores de edad vulnerables, profundizando esta vulnerabilidad y los riesgos asociados a la pobreza y la exclusión social”. 

La inversión social en la Administración Chaves Robles sigue a la baja. No solo educación, vivienda y cultura han sufrido recortes presupuestarios, sino que distintos programas de atención social aquejan disminuciones para este 2024.

Incluso, previo a arrancar este año, en la circular PANI-DPRO-CIR-030-2023 del 21 de diciembre de 2023, la junta directiva del Patronato Nacional de la Infancia (PANI) acordó que el subsidio mensual de la modalidad de Acogimiento Familiar con Subvención disminuiría de ¢132 mil a ¢109 mil para las personas sin condiciones de salud especiales, lo que representa una reducción del 17,31%. 

Por otra parte, el monto para menores con discapacidad pasará de ¢158 mil a ¢123 mil, para un 21,87% de disminución. 

“Los anteriores recortes implican también que no se abrirán nuevos cupos en 2024, de manera que aumentará la lista de espera de niñas, niños y adolescentes que podrían estar bajo el cuido de una familia en lugar de una alternativa institucional”, acusaron. 

En términos prácticos, lo que implica es que, si no hay cupos disponibles, las oficinas del PANI seguirán refiriendo a albergues institucionales o a organizaciones de cuido residencial que no tienen plata. 

“Reducir el monto de las transferencias y limitar los cupos de atención afectan, directamente, la posibilidad de las personas menores de edad de disfrutar de un entorno familiar que les permita crecer con experiencias positivas, construir o reconstruir relaciones familiares, aprender diversas habilidades y tareas dentro de un hogar, a la vez que limita la inclusión comunal y social.

Estos nuevos recortes se suman a los realizados anteriormente por la presente administración del Poder Ejecutivo en relación con la protección integral de la niñez y la adolescencia, los cuales reflejan una tendencia a la baja en la inversión social.

La continuidad y tamaño de estos recortes en un contexto de recuperación económica nacional sugieren que no se trata de reacciones coyunturales, sino de decisiones estructurales, las cuales muestran una peligrosa incomprensión del papel crucial que juegan las inversiones sociales en niñez y adolescencia en el desarrollo humano de toda la población a largo plazo”, concluyeron. 

Cabe señalar que, en octubre del año pasado, el Programa Red de Cuido sufrió un tijeretazo en aportes sociales. Del mismo modo, al Fondo de Desarrollo y Asignaciones Familiares, en menos de cinco años, se le ha recortado más de ¢134 mil millones. 

Sin embargo, han mantenido un leve incremento en esta Administración.