El área dedicada a la siembra de arroz se reduciría en 17.317 hectáreas, según datos en manos de la Asamblea Nacional de Productores de Arroz.
En el periodo 2021-2022 se llegó a sembrar un total de 35.317 hectáreas y en el 2022-2023 esa área de producción se reducirá a menos de 18.000 hectáreas.
“El actual gobierno no ha logrado la reducción del precio al consumidor nacional que procuraba, pero sí ha tenido repercusiones rápidas en la reducción del área de siembra a nivel nacional, marcando así la caída histórica más acelerada del área de siembra de arroz, generando daños irreparables en muchas familias”, indicó Wendy Vargas, presidenta de la Asamblea Nacional de Productores de Arroz.
Según el sector arrocero, está pasando por una situación crítica a tres meses de la derogatoria del arancel del 35% y de la desregulación del precio del arroz, tanto al productor como al consumidor.
Otro de los efectos es que el número de productores pasará de 534 a 385, de un periodo a otro, lo que a criterio de Araya es dejar al sector prácticamente en “ruinas”.
Parte del problema es que el pago que están recibiendo por la cosecha no cubre los costos de producción, que en los últimos meses ha aumentado debido al incremento en los fertilizantes e insumos agrícolas.
Esto hará que el país alcance un índice de suficiencia alimentaria (consumo cubierto con producción nacional) inferior al 20%, lo que significa que Costa Rica pasa a ser un país netamente dependiente de importaciones del principal grano de la canasta básica alimentaria.
“El gallo pinto costarricense de origen extranjero dependerá de los excedentes de arroz de otros países, lo cual es sumamente delicado en términos de seguridad alimentaria”, añadió Araya.
Uno de los hallazgos es que en tres meses la producción cayó un 45%, la mayor caída en la historia del sector. No obstante, los arroceros consideran que el gobierno no comprende el momento de crisis que atraviesan.
Hasta ahora solo se da como solución la entrega de subsidios para los pequeños y medianos productores, pero el proyecto se encuentra estancado en la Asamblea Legislativa.