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Desde que se empezó a gestar la evaluación para el Fortalecimiento de Aprendizajes para la Renovación de Oportunidades (FARO), las cosas no pintaron bien.
Primero, desde el Ministerio de Educación Pública (MEP) parecía que, a toda costa, y sin importar el precio económico y social, había que ponerlas en marcha sin que se tuviera certeza del beneficio de aplicarlas y además no se tenía claro qué se iba a evaluar.
Un detalle que nos llama la atención fue cómo hicieron un cambio tan grande en la anterior Administración sin siquiera consultarles a los sindicatos y ahora, ante las complicaciones actuales, dicen que van a hacer lo posible para frenarlo hasta poder analizarlo bien.
Prueba de querer llevar todo a trompada de loco fueron los cuestionarios donde les preguntaron a los niños pelo y seña de cómo vivían, situación totalmente anómala, porque es claro que muchos pequeños no conocen a detalle cómo se maneja un hogar, no saben de salarios ni mucho menos pueden opinar sobre muchas de las cosas de la casa.
Segundo, no se les tomó el parecer a los padres de familia para ver si aceptaban que sus hijos contestaran estos polémicos cuestionarios y además casi que la aplicación se convirtió casi en una tortura que los mismos niños afirman los dejó agotados.
Precisamente tomando esto en cuenta, el presidente Rodrigo Chaves y la ministra de Educación Pública Ana Katharina Muller Castro tomaron la decisión de anunciar la eliminación de las pruebas FARO, sin embargo, para que esto quede en firme debe pasar por el Consejo Superior de Educación, que debe dar el visto bueno.
Ante este escenario queda una gran incógnita y más tomando en cuenta lo que ha pasado en los últimos años con la educación costarricense: Si quitan las FARO y ya tampoco existe el bachillerato, ¿cómo se hará para fiscalizar que quienes se gradúen del colegio sean personas que realmente hayan aprendido lo elemental, de manera que si salen a la vida laboral y universitaria puedan dar la talla?
Algunos siempre se han quejado de que el bachillerato era un coladero, pero según las autoridades educativas esto se aplicaba precisamente para que solo pasaran quienes tenían los conocimientos. Así mismo, los estudiantes que venían detrás se ocupaban en dar la talla.
Sin ninguna prueba de por medio, va a pasar lo que ocurrió en los primeros dos años de pandemia, cuando todos los alumnos pasaron sin tenerse la certeza de si sabían o no.
Se deben sentar las bases para hacer cambios reales y que no sean salidas de momento, para tapar un hueco y destapar otro, como ha pasado en la historia costarricense.
Hay que tener mucho cuidado con los temas de educación, pues los años anteriores, como producto de la huelga y la pandemia, se cambiaron los porcentajes para darles ventaja a los educandos. A muchos los pasaron y ahora no son los mejor preparados.
Y, a pesar de la ayuda que recibieron, muchos ni tan siquiera llegaron a la nota mínima. Esto quiere decir que los estudiantes dejan los pelos en el alambre y hay casos que ni les alcanza para eso.
En temas de educación es urgente que se entre con bisturí porque la calidad de estudiantes que estamos graduando no resulta ideal para el mercado laboral.
Es muy triste escuchar madres de familia que indican que sus hijos están en cuarto grado y no saben leer bien o no manejan las operaciones matemáticas básicas que ya deben tener dominadas. Si estos niños arrastran todos esos problemas, imagínense los estudiantes que llegan a los colegios y a las universidades.
Estos escenarios solo nos hacen pensar una cosa: la educación que están recibiendo los niños y jóvenes en este país no es la mejor. Nos parece que, antes de cambiar de metodología de evaluación, deberíamos de ver la calidad de la educación que estamos impartiendo. No es justo que se ensanche tan terriblemente la brecha entre la educación pública y privada, al punto de dejar a tantos costarricenses botados.