Si no hay pan buenas son tortas, si no son 6 mil urgen 3 mil

Las declaraciones de dos fracciones legislativas en contra de aprobar la autorización de cuatro emisiones anuales de $1.500 millones de los llamados eurobonos, obliga con pragmatismo a buscar una solución alternativa. Para el año entrante urge salir ya a colocar $1.500 millones.

Desde hace varios meses he venido insistiendo en la conveniencia de autorizar la colocación de los $6.000 millones de eurobonos que solicita el Gobierno.

Muchas personas me han manifestado reticencia a que se apruebe la emisión de esos bonos, porque tener recursos disponibles podría debilitar la disciplina de control del gasto público. 

Claro que estoy de acuerdo en seguir por el camino que establece la regla fiscal, que nos ha llevado a que en su reciente Informe de Política Monetaria el BCCR afirme que este año ya está en descenso la proporción de deuda a PIB.

Continuar por esa senda es muy necesario para que al disminuir esa relación a menos de 60% se pueda moderar la restricción al gasto y poder atender mejor infraestructura, apoyo a las familias en pobreza y ajuste de salarios públicos a la inflación futura. 

Otras personas han expresado su oposición a que se autorice más de los $1.500 millones de la primera colocación destinada en buena parte a amortizar $1.000 millones que se deben pagar de una colocación anterior, por los efectos en el tipo de cambio de la colocación de deuda externa en dólares en vez de interna, y por sus repercusiones contrarias a la competitividad de nuestras exportaciones y de la producción de bienes que compiten con los importados. También porque la tasa de interés menor respecto al mercado interno que se pueda alcanzar depende de condiciones económicas y financieras futuras que hoy no conocemos.

A la primera objeción por válida preocupación de que no se acelere el gasto público he respondido que el control de este se hace por medio de las aprobaciones legislativas a los presupuestos. Allí, en las autorizaciones al gasto, radica la competencia para su control. Luego de lo que se trata es de buscar la manera menos costosa y más eficiente de financiar el monto de las erogaciones que no se pagan con los básicamente los impuestos (ingresos corrientes). 

En muchas ocasiones es ventajoso colocar la deuda en el exterior para pagar una tasa de interés menor y no presionar nuestro pequeño mercado financiero.  

Ya este año en el mercado internacional el diferencial de costo de colocar deuda de Costa Rica respecto a la de EE.UU. es menor al promedio para Latinoamérica y también menor al promedio para mercados emergentes. Este es un cambio muy importante después de que por nuestra fragilidad fiscal éramos uno de los países de nuestra área que debía pagar la tasa más alta de interés.

Tener autorizaciones para colocar deuda por varios años da garantías a los mercados internacionales de que no se tendrá problemas en el futuro por dificultades políticas para su aprobación. Esas dificultades han estado presentes entre las razones para la baja calificación del país en la evaluación de su riesgo, lo que encarece el costo de colocar deuda.

Para evitar colocación de las emisiones de los años posteriores a 2023 sin aprobación legislativa posterior si el Ejecutivo deteriora la situación fiscal, basta con condicionar su emisión a que el superávit primario respecto al PIB haya sido positivo y creciente y la relación deuda a PIB haya sido descendente, ambos en el año anterior a su colocación.

Para evitar que se aumente el crédito externo en dólares cuando las condiciones macroeconómicas hagan inconveniente el ingreso de esas divisas, bastaría con condicionar la emisión a un dictamen favorable del BCCR.

Pero bueno, no se ha logrado aprobar esa autorización de los $6.000 millones. 

Parece pues que estamos en una de esas circunstancias cuando hay que escoger una segunda mejor alternativa. Si no hay pan buenas son tortas. 

Por eso me parece que, como hace unas semanas me lo planteó un amigo diputado joven, lo urgente es aprobar al menos dos emisiones anuales de $1.500 cada una. Así el Ministerio de Hacienda podría colocar lo antes posible la primera, y se da garantía a los mercados financieros de que al menos se cuenta ya con una autorización para 2024. Se puede luego seguir con calma analizando la tercera y cuarta emisión. La urgencia de la aprobación es lo más importante.