Seriedad fiscal

El sistema fiscal necesita reformas, lo que no implica necesariamente un aumento en la tarifa de los impuestos, involucra medidas urgentes de contención del gasto y educación fiscal. El debate debe empezar a nutrirse de información real y objetiva, que nos permita como país encontrar una solución viable y responsable. 

Administración Tributaria. El “Informe de la Auditoría de Carácter Especial sobre la Gestión de la Dirección de Grandes Contribuyentes Nacionales (2015)” de la Contraloría General de la República (CGR) recientemente publicado, arroja datos y estadísticas relevantes. Según el informe, la Administración Tributaria tiene registrados cerca de 422 empresas consideradas como Grandes Contribuyentes precisamente por el volumen de sus operaciones. Lo interesante es que estas aportan cerca del 70% del total de ingresos de renta y ventas.

Al constatar esos números contra las causas de la baja recaudación, aparece el papel de la Administración Tributaria. En ese sentido, según la CGR, el Ministerio de Hacienda cuenta con un manual de puestos que establece los requerimientos para la clase de puestos profesionales en materia de ingresos que laboran en la Dirección General de Tributación (DGT). En el caso de la DGT, la especialidad de “Administración Tributaria” cuenta con cuatro subespecialidades las cuales tienen asociadas cada una más de 40 profesiones que pueden resultar elegibles. 

Lo anterior no garantiza la idoneidad profesional según los requerimientos de los cargos respectivos al momento de seleccionar, además de que no se realizan pruebas específicas de conocimiento para la selección del personal. La CGR constató que existen limitaciones en la capacitación del personal y en el caso de los funcionarios de nuevo ingreso, no cuentan con una inducción inicial en materia tributaria. 

Así las cosas, para concursar en una plaza de la DGT no se requiere formación ni especialización tributaria, las profesiones elegibles para cada puesto son en extremo generales y se carece de un programa de formación inicial para funcionarios de nuevo ingreso. 

Cabe aquí preguntarse y analizar a cuánto asciende el monto que debe desembolsar el Estado año con año, incluyendo intereses cuantiosos, cuando los Tribunales de Justicia revienten interpretaciones abusivas o erradas de las normas tributarias por parte de auditores fiscales. Este aspecto es vital a considerar sobre todo cuando se aboga por otorgar amplios poderes a la Administración Tributaria para que incluso sea juez y parte. 

Déficit fiscal. Desde 2009 los ingresos del Estado son insuficientes para cubrir los gastos públicos y, como consecuencia, y el déficit asciende hoy a 5,9% del PIB. Tal cual señala el Estado de la Nación, aunque en el pasado Costa Rica ya ha tenido altos desbalances fiscales, mientras que en el 2002 la mayor parte del desequilibrio correspondía al pago de intereses, al finalizar el 2014 más de la mitad del déficit corresponde a gasto corriente. 

La crisis no solo se explica por el poco aumento de los ingresos tributarios, sino también por el creciente gasto público. El problema no es que los funcionarios estén bien remunerados, esa debe ser la premisa de todo Estado de Derecho, el problema es el volumen de la planilla, la ineficiencia y la duplicación de funciones. 

Si el país no realiza ningún tipo de ajuste fiscal, el déficit llegará al 8,2% del PIB en 2019. Incluso en un escenario de reformas en los ingresos tributarios, como medidas administrativas y la introducción de cambios a la Ley de Impuesto General sobre las Ventas, el Ministerio de Hacienda estima que hasta 2019 no cabe esperar una reducción del déficit del Gobierno Central por debajo de 4,4%. 

Consenso y decisiones. Según comentaba el año anterior Alberto Barreix, economista líder del Banco Interamericano de Desarrollo, si no logramos aprobar una reforma fiscal antes del 2018, deberá enfrentarse a una corrección fiscal, no del 4% del PIB como a la fecha, sino de más del 6% del PIB; y eso va a destrozar el crecimiento. Pero de nada servirá una reforma fiscal si no ponemos límite al despilfarro y empezamos a medir el rendimiento de los servicios públicos. La dirección que se debe seguir es modernizar el impuesto sobre la renta, adoptar el IVA (que no implica un incremento de la tarifa tal cual se pretende), reformar pensiones y minimizar el gasto corriente.

Ahora bien, en el debate actual hay variedad de opiniones, con sectores que enfatizan en incrementar los ingresos mediante una reforma tributaria; otros mediante el recorte del gasto y promulgación de reglas fiscales, así como cambios en la Administración Tributaria para fortalecer la recaudación de los impuestos vigentes.

Los tres están en lo correcto. Lo que el país necesita es sentar consenso sobre las tres posiciones, ya que todas resultan necesarias en el escenario actual. Las reformas en los ingresos y las exenciones pueden aliviar en el corto plazo el déficit, pero si no se impulsan acciones también en el gasto público, los recursos adicionales se irán como llegaron. El papel de la Administración Tributaria es vital, tanto para mejorar la recaudación como para brindar seguridad jurídica al contribuyente, que con sacrificio produce la riqueza que sostiene el país. 

No podemos pasar por alto que el costo operativo en Costa Rica es bastante alto si sumamos la seguridad social, por lo que cualquier medida debe ser tomada conforme a los números y no a posturas populistas. Pero lo importante, tomar decisiones. 

*Abogado tributarista 

y profesor universitario.