Una serie de inconsistencias detectó la Contraloría General de la República (CGR) en los contratos de conservación vial que están a cargo del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) en los trabajos comprendidos del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría hasta Manolos, esto en la autopista Bernardo Soto.
Ante la falta de mecanismos de control y verificación de obras, según detalla la entidad fiscalizadora del Estado “no ha quedado demostrada y garantizada la funcionalidad de las obras y la seguridad vial de los usuarios, dada la falta de planos constructivos definitivos e insuficientes estudios básicos de ingeniería, generando riesgos asociados con la calidad de los trabajos”.
Añade el informe contralor, el cartel de la licitación pública para las obras contiene inconsistencias con respecto a lo estipulado en la Ley de Creación de Conavi, siendo el principal cambio, el generado cuando se incluyó la demolición total de la estructura de pavimento en el concepto de rehabilitación de la superficie de ruedo.
“Gran parte de los recursos originalmente destinados para la conservación vial en la Zona 1-5 \’Alajuela Norte\’ de 207 km, se destinaron a la reconstrucción y mejoramiento de apenas un tramo de 7,1 km de la carretera concesionada Bernardo Soto, Ruta Nacional #1, comprendido entre el Intercambio Aeropuerto y el Intercambio Coyol.
A febrero del 2013, en ese tramo se destinó un monto de ¢5.041 millones por concepto de las obras ejecutadas, lo que representa el 71% del monto inicial garantizado en el contrato de Conservación Vial de ¢7.089 millones”, puntualiza la Contraloría.
También menciona que no se contó con servicios de verificación de calidad de las obras realizadas con cargo a los contratos de conservación vial sobre un monto de ¢21.609 millones y que fueron pagados entre octubre del 2012 y febrero del 2013, en consecuencia no se tiene seguridad razonable sobre la calidad de las obras viales.
Ante los problemas detectados, la Contraloría dispuso al Consejo de Administración de Conavi, instruir acciones correspondientes a fin de eliminar la práctica de ejecutar proyectos de reconstrucción y mejoramiento de carreteras, a través de los contratos de conservación vial, y de ejecutar obras viales cuando no se dispone del control de verificación de la calidad.