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Los diputados sepultaron un proyecto que afectaba investigaciones como Diamante y Cochinilla.
De forma unánime, la Comisión de Seguridad y Narcotráfico archivaron el proyecto 23.208.
EL PROYECTO
La propuesta de la liberacionista buscaba restaurar el artículo 2 de la Ley 8754. Dicho artículo permitía intervenciones telefónicas en casos “especiales” como los de Cochinilla o Diamante.
“Actualmente, la intervención de teléfonos se da en delitos de narcotráfico, homicidios calificados o crimen organizado. Para otro tipo de delitos, un juez debe declarar un procedimiento especial para intervenir llamadas”, explicó el exfiscal Cristian Rodríguez a DIARIO EXTRA.
“En el caso de Diamante, la mayoría son de corrupción y la ley no permitiría (la intervención). Sin embargo, el artículo estaba derogado desde 2019 y, entonces, la declaratoria era ilegal. Es decir, en términos simples, las llamadas intervenidas serían ilegales”, añadió.
Además, los plazos de investigación se amplían porque los jueces requieren más tiempo para recabar pruebas sobre el caso.
ASAMBLEA
Volviendo a Cuesta de Moras, la Comisión consideró que el proyecto es “peligroso” y se traería abajo investigaciones judiciales.
“(La propuesta) entorpecería los procesos de crimen organizado, enreda procesos con burocracia excesiva, duplica los plazos en la etapa de investigación y extiende plazos en la deliberación con sentencia, pero deja por fuera otros plazos igual de relevantes, como los de impugnación. No contempla regulación sobre medidas cautelares entre otros temas”, explicó la diputada del Frente Amplio (FA) Priscilla Vindas.
Caso similar habría pasado con la inmovilización de personas jurídicas, los cuales, si se hubiese aprobado el proyecto de Delgado, se habrían declarado “nulos”.
Sin embargo,
RECLAMO
La decisión del órgano legislativo no cayó nada bien a la liberacionista.
“Se pierde una gran oportunidad para que la actual Asamblea Legislativa corrigiera el error en que incurrieron los diputados y diputadas del cuatrienio anterior, cuando de manera equivocada derogaron el artículo 2 de dicha ley. Lamentablemente, el proceso de discusión de este proyecto ha estado plagado de mentiras y acusaciones infundadas, al punto de señalarme por querer favorecer a personas inculpadas por delitos de crimen organizado. ¡Esto es absolutamente falso y así lo he demostrado!”, mencionó la liberacionista.
Delgado señaló que es la Corte Suprema de Justicia la que pone en peligro el procesamiento de casos de delincuencia organizada al no apoyar la reforma e, incluso, hace que el país pueda ser demandado a nivel internacional.
“Esto ha generado que bandas delincuenciales han quedado en libertad por no poder aplicar la norma (…) La lucha por hacer lo que es correcto la seguiré dando. Es la promesa que juré por mi lealtad al país y a todas y todos los costarricenses ¡Nuestra seguridad está en juego!”, concluyó.
MÁS MOCIONES
Delgado y su compañero Danny Vargas (exasesor de la Municipalidad de San José) han presentado una serie de mociones a proyectos vinculados con investigaciones judiciales y crimen organizado.
En el caso del expediente 22.866 (ampliación de penas por delitos de corrupción), se le presentaron 72 mociones, mientras que en el 22.869 (suspensión de salarios de funcionarios públicos que cometan delitos de corrupción) se presentaron 20 mociones.
Caso similar aconteció con el expediente 22.837 (Reforma a la ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo), donde los verdiblancos le presentaron 13 mociones al texto original.
Finalmente, al proyecto que reforma la ley contra la delincuencia organizada, ley de creación de la jurisdicción especializada en delincuencia organizada en Costa Rica y ley de fortalecimiento a la jurisdicción especializada (expediente 23.090) se le presentaron 168 mociones.
Cabe señalar que el último texto mencionado es impulsado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ)