Asunción, (EFE).- La sentencia de dos años de cárcel a un sacerdote paraguayo por abuso sexual de un menor, que podrá restituir por una donación a un hospital, provocó una ola de indignación ciudadana y la reacción de los obispos, que hoy señalaron que siguieron el protocolo adoptado para esos casos con el religioso, que fue apartado de su labor pastoral.
Un tribunal de sentencia condenó la semana pasada a dos años de cárcel a Félix Gamarra, expárroco de la parroquia de San José Obrero, en la sureña ciudad de Encarnación, por abuso sexual a un adolescente en 2016.
Sin embargo, la sentencia estableció una condena con suspensión a prueba de su ejecución mediante el pago de una donación de 5 millones de guaraníes (877 dólares) a un hospital público de la zona y la prohibición del religioso a salir del país.
De acuerdo con los medios locales, la Fiscalía había pedido 6 años de cárcel para el sacerdote, de la Congregación del Santísimo Redentor.
La Congregación informó mediante un comunicado que desde que se tuvo conocimiento de la denuncia apartó al sacerdote de sus compromisos pastorales y lo instó a ponerse a disposición de la Justicia.
En ese sentido, la Conferencia Episcopal Paraguaya (CEP) señaló hoy que \”las acciones y decisiones de la Justicia nacional son totalmente independientes de la Iglesia, debiendo las instancias responsables del Poder Judicial, juzgar los delitos y aplicar las sentencias conforme a las leyes nacionales\”.
No obstante, la CEP subrayó su compromiso con los protocolos que ya puso en marcha para la investigación de denuncias sobre abuso sexual de menores, citando como ejemplo de esas medidas su aplicación en el \”caso actual de un sacerdote redentorista en la Diócesis de Encarnación\”.
\”No toleraremos abusos ni faltas graves contra la moral, y que los casos comprobados serán sancionados conforme al derecho canónico, sin excluir la dimisión del estado clerical y la expulsión\”, dice el comunicado.
La CEP insta a denunciar hechos de ese tipo y a que estén debidamente documentados de cara a una \”responsable y efectiva acción a favor de las víctimas\”.
\”Los delitos deben ser denunciados ante las autoridades nacionales y que no se debe impedir de ninguna forma la aplicación de las leyes nacionales\”.
Además, la CEP dice compartir con toda la ciudadanía \”la indignación y el dolor por cada caso de abuso y por cada persona lastimada y vulnerada en su dignidad\”.
\”Nos llena de vergüenza cuando estos crímenes y pecados son realizados por católicos y dentro de las instituciones de la Iglesia, en particular por aquellos que ejercen el ministerio ordenado en la Iglesia, por personas consagradas, o personas de confianza que colaboran o trabajan en instituciones de la Iglesia\”, añade la nota.
En ese sentido, la CEP destaca la labor del papa Francisco al haber \”manifestado tan claramente su postura en relación con los abusos en su última Carta al Pueblo de Dios, de fecha 20 de agosto de 2018\”.