El martes 21 de mayo diversos compañeros de plenario y mi persona convocamos a una conferencia de prensa donde denunciamos la injerencia del Poder Ejecutivo en el Banco Popular al no ratificar a los representantes electos por los sectores sociales, a pesar de que dicho banco no es del gobierno, pues es público no estatal y dichos representantes solo requieren la formalidad legal de que el Poder Ejecutivo les ratifique para asumir sus funciones.
Esto nos llama mucho la atención, aunque no nos sorprende, porque esa es la forma de responder de este gobierno y, en particular, de la señora presidenta. Dijimos abiertamente, ante los medios: señora presidenta, deje a los trabajadores del Banco Popular tomar sus propias decisiones, deje que estas cuatro personas electas para la junta directiva, asuman sus puestos … sin embargo, la espera continúa y los trabajadores no reciben la ratificación, ni tan siquiera una audiencia ante las diversas instancias de diálogo que han hecho.
También le dijimos a don Francisco Antonio Pacheco: don Francisco, no sirva de instrumento inútil a esta situación, ¡por Dios!, retírese, renuncie, tome un acto digno de un político que tiene experiencia, los trabajadores no desean que siga en la silla de la presidencia de la junta directiva, pues ya ellos eligieron a sus representantes.
Es increíble que después de la cobertura de medios y de la llamada que hemos hecho como diputados a la señora presidenta en conferencia de prensa y en una misiva firmada por 22 diputados, a fin de que proceda a ratificar el nombramiento de los cuatro funcionarios que fueron electos por la Asamblea de Trabajadores para la junta directiva, no ha pasado absolutamente nada.
¿Cómo es posible que Casa Presidencial ensordezca ante la solicitud de tan diversos sectores sociales representados en un Banco, ícono de la población trabajadora? Se pretende invisibilizar un hecho que está ocurriendo tan grave. El Banco Popular tiene un marco jurídico que da la potestad a los trabajadores de elegir sus cuatro miembros ante la junta directiva. Desafortunadamente, la Ley obliga a que los ratifique la Presidencia de la República.
Por eso, yo personalmente, estoy redactando un proyecto para eliminar esa norma. No tiene la señora presidenta, ni ningún presidente, que ratificar el nombramiento que hacen los trabajadores, quien están en todo su derecho de nombrar a sus representantes y que, de manera inmediata, se incorporen a la junta directiva de la Institución. No es posible que la señora presidenta se tome casi cinco meses para una ratificación, mientras transcurre el tiempo para el Banco Popular, el cual nombró desde enero a los representantes de los trabajadores.
Como preguntas finales ¿se seguirá ignorando a los sectores sociales que desean conversar con la señora presidenta? ¿cuándo finalizará la espera de los representantes electos y de la Asamblea que los eligió? y ¿también se ignorará a los 22 diputados que instamos a que se proceda a la ratificación de estos representantes? No creemos que haya forma posible de ignorar tan diversas voces, todas juntas para fortalecer la naturaleza diferente del Banco Popular y de Desarrollo Comunal, cuya propiedad es de los trabajadores y trabajadoras de este país.