Señalan supuestas compras ilegales en Garabito

Un total de ¢1.407 millones, provenientes de fondos públicos, fueron desembolsados mediante órdenes de compra y ejecuciones de pago de contratos administrativos que ya se encontraban vencidos, según revela una investigación de la propia Municipalidad de Garabito.

Según el documento, generado por la Auditoría Interna del gobierno local, este monto millonario no corresponde a simples proyecciones o estimaciones, sino que representa recursos efectivamente pagados por la administración municipal por aparentes servicios ilegales.

En el texto, estas millonarias compras se atribuyen a la Alcaldía y la Proveeduría de Garabito, que, según la investigación, continuaron ejecutando contrataciones bajo la modalidad según demanda, a pesar de la inexistencia de prórrogas legales que respaldaran su continuidad.

“La Auditoría de Carácter Especial comprendió el análisis de 51 procedimientos de contratación administrativa bajo la modalidad según demanda, promovidos por la Municipalidad de Garabito entre los años 2021 y 2024”, detalla el documento, en el cual se identificó que en el 96% de los casos los contratos habían expirado sin contar con un respaldo jurídico en el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP).

Según detalla el documento, “cada orden de compra emitida después del vencimiento contractual produjo una nueva obligación para la Municipalidad sin que previamente se verificara la existencia de un contrato vigente que le sirviera de fundamento”, lo que generó el millonario pago de ¢1.407 millones.

Información oculta desde Alcaldía y Proveeduría

La fiscalización identificó una “preocupante” concentración de funciones en el alcalde municipal, Francisco González, quien habría intervenido simultáneamente como administrador de los contratos y autorizador de los egresos irregulares. El informe detalla que el jerarca “no impidió la salida de fondos públicos mediante contratos vencidos y, además, figuró como administrador contractual”.

Esta acumulación contravino la separación de funciones exigida por las Normas de Control Interno para el Sector Público, lo que impidió que operaran revisiones independientes capaces de detectar los vencimientos antes de materializar la salida del dinero.

El proceso fiscalizador enfrentó, además, serios obstáculos internos para acceder a la documentación oficial de los expedientes. “La ejecución de la presente Auditoría de Carácter Especial fue obstaculizada y retrasada por el incumplimiento persistente de la señora Carmona Laguna, Proveedora Municipal, en la remisión completa, oportuna y verificable de la información requerida”; situación calificada como una “negativa material prolongado”.

Ante ello, la Auditoría Interna aseguró que la investigación derivará en una denuncia penal ante el Ministerio Público por el presunto delito de incumplimiento de deberes.

Alcalde niega ilegalidades

Por su parte, el alcalde Francisco González rechazó categóricamente las acusaciones de ilegalidad y atribuyó la responsabilidad de los vencimientos a gestiones de funcionarias anteriores.

El jerarca sostuvo, durante el Concejo Municipal del cantón, que el regidor denunciante intenta vincularlo a un asunto que no le pertenece y defendió su actuar alegando que él no puede supervisar cada fecha de vencimiento de forma individual.

“En cada compra como alcalde no voy a revisar, a ver las fechas de vencimiento, imagínate, o sea, para eso hay una profesional en el cargo y si me pasa con su firma algo, pues yo supongo que está bien. Porque no he firmado ni he pagado un documento solo”, manifestó González durante la sesión celebrada esta semana.

El jerarca insistió en que su firma siempre va acompañada de otros vistos buenos técnicos de departamentos financieros y legales y que, al rescindir el contrato a la proveedora anterior, se procedió con nuevos concursos para regularizar la situación.

González, además, calificó las acusaciones como un intento de dañarlo personalmente y con intenciones de “ensuciar” el cantón con mentiras.

De los 51 procedimientos bajo la lupa, solo dos presentaban alguna prórroga registrada en el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), lo que deja 49 contrataciones operando bajo una nulidad absoluta.

Compras ilegales

Según el documento de Auditoría, se examinaron 51 procedimientos bajo la modalidad según demanda, incluyendo licitaciones abreviadas, públicas nacionales, reducidas, menores, directas y por excepción; los cuales derivaron en el pago de ¢1.407 millones a pesar de que 49 de ellos carecían de prórrogas legales registradas en el sistema oficial SICOP tras haber vencido la vigencia de sus plazos contractuales.

Francisco González

Alcalde de Garabito

“Ese problema ya lo tenemos incluso en preparación de denuncia, porque sí, hay que denunciarlo. Se le va a achacar la responsabilidad a la profesional que se desempeñó en el puesto de Proveduría cuando esto sucedió. Yo no soy el proveedor porque me pudo engañar”.