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Durante una audiencia en el Senado de Estados Unidos, el senador Pete Ricketts advirtió que Costa Rica enfrenta una creciente presión del narcotráfico y del avance del fentanilo, lo que amenaza con transformar al país en un centro de drogas sintéticas.
Ricketts recordó que Costa Rica, reconocida por su estabilidad y democracia, se ha convertido en uno de los principales puntos de transbordo de cocaína hacia Estados Unidos y Europa. Además, indicó que pandillas locales actúan como brazos ejecutores de cárteles mexicanos, incrementando la violencia y la penetración del crimen organizado.
Este mismo año, el Departamento del Tesoro estadounidense sancionó a ciudadanos y entidades costarricenses vinculados con narcotráfico y lavado de dinero.
Medidas en Costa Rica
El legislador destacó que el presidente Rodrigo Chaves ha impulsado medidas como la reforma que permite la extradición de costarricenses por delitos de drogas. Sin embargo, advirtió que “los cárteles se mueven más rápido” y que el fentanilo ya comienza a ingresar al país.
Por su parte, la candidata a embajadora para Costa Rica, Melinda Hildebrand, aseguró que de ser confirmada, continuará fortaleciendo la cooperación con la Policía Nacional y de Fronteras:
“Costa Rica es un socio fuerte en la lucha contra el narcotráfico en la región. Si soy confirmada, mantendré esa sólida asociación para contrarrestar estos esfuerzos”.
Durante la audiencia, los senadores reiteraron que cualquier estrategia para cortar las cadenas de suministro de drogas requiere de la cooperación internacional.
¿Qué dice el ministro de Seguridad?
El ministro de Seguridad, Mario Zamora, explicó que entre 2020 y 2022 Costa Rica registró una fuerte introducción de drogas y que, según informes del Departamento de Estado, llegó a ser el principal re-exportador mundial de cocaína proveniente de Colombia y Ecuador.
Recordó que el representante estadounidense aludió a la operación conjunta con la DEA para dar seguimiento a una banda que vendía fentanilo en el país.
Zamora reconoció la preocupación de Estados Unidos por el hecho de que los sospechosos vinculados a ese caso hayan quedado en libertad en Costa Rica, lo que refleja una debilidad en el sistema judicial y abre el riesgo de que esos grupos retomen la actividad criminal.