Senado de Chile aprueba convenio de transporte aéreo con Costa Rica

El Senado de la República de Chile aprobó de forma unánime el nuevo “Convenio de Transporte Aéreo” suscrito con el Gobierno de Costa Rica, firmado originalmente en Lima en diciembre de 2023.

Esta actualización sustituye el tratado vigente desde 1999 y busca adaptar las reglas de la aviación comercial a las necesidades actuales, facilitando el transporte de pasajeros y mercancías bajo un esquema de libre competencia y mínima intervención estatal.

En la Asamblea Legislativa de nuestro país, el expediente 24.998 “Acuerdo de Transporte Aéreo entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Gobierno de la República de Chile” fue votado en segundo debate durante el 21 de mayo de este año, con una aprobación unánime de los 52 diputados.

¿Qué cambia para los viajeros y el turismo?
El acuerdo elimina los límites al número de vuelos, frecuencias y rutas entre ambos países, permitiendo que las aerolíneas ajusten su oferta directamente según la demanda del público, estableciendo seguridad a los usuarios.

Asimismo, el convenio autoriza a las compañías aéreas a realizar alianzas comerciales, como compartir código de vuelos o alquilar aviones entre empresas, lo que facilitará la apertura de más conexiones, mejores horarios y una mayor variedad de opciones de itinerarios para los usuarios.

Impulso al comercio exterior y las exportaciones
En el ámbito comercial, el pacto otorga una apertura total para los vuelos dedicados exclusivamente al transporte de carga, eliminando restricciones de peso, rutas, origen o tipo de aeronave. Esta medida busca agilizar el intercambio de productos de exportación e importación como alimentos frescos, productos agrícolas y tecnología.

Según el Senado chileno, el documento avanza para “fortalecer y dar continuidad a la política aerocomercial de Chile, promoviendo una mayor apertura de los derechos de tráfico aéreo, con el propósito de facilitar el libre acceso a los mercados internacionales, garantizar la libertad tarifaria y consolidar un marco regulatorio basado en la mínima intervención”.