Yo no puedo estar en contra de que alguna parte menor de las medidas necesarias para la consolidación fiscal signifique la generación de nuevos ingresos, y no solo disminución del gasto público. Pero lo debemos hacer de manera que el caldo no sea más caro que los huevos. Por eso estaba muy preocupado con la idea del gobierno de gravar los réditos de los fondos de pensiones de los trabajadores creados por la Ley de Protección al Trabajador, pues tal acción es contraria a la justicia, a los intereses de largo plazo del país y a las mejoras que se deberán introducir a nuestra seguridad social para compatibilizarla con una estructura productiva más eficiente.
Tenía lista esta columna explicando esos graves inconvenientes cuando, “¡albricias!”, el Gobierno retiró la propuesta. Me alegro y con sinceridad los felicito por esta valiosa rectificación.
Y esta semana trajo otras tres buenas noticias: los resultados fiscales de 2020 fueron mejores a lo esperado, una remedición del BCCR con la colaboración del Banco Mundial y del FMI de nuestras cuentas nacionales con base en 2017 determina que el PIB es 3,5% más elevado, principalmente por un mayor aporte del sector servicios, y se logró el acuerdo con la misión técnica del FMI.
El acuerdo con el FMI -lo venimos diciendo hace ya muchos meses- nos permite generar mayor confianza en que cumpliremos con las medidas y las metas de consolidación fiscal, aunque su aplicación sea gradual, y por consiguiente vuelve más favorables los mercados para el financiamiento. Dado el monto anual de las amortizaciones a la deuda pública y la gradual disminución del déficit fiscal, por varios años continuaremos necesitando financiar al sector público, y el acuerdo lo facilita y a la vez adelanta la disminución de las tasas de interés cuyo pago se ha constituido -en los últimos años- en el principal disparador del gasto público.
Por eso es un justo motivo de satisfacción que el pasado viernes el Gobierno y la misión del FMI encabezada por la Directora del Hemisferio Occidental hayan llegado a un acuerdo.
El acuerdo pretende una reversión del déficit primario del orden de 5 puntos porcentuales (p.p.) del PIB, que se logra mediante una reducción propuesta de gastos de 3,59 p.p. del PIB y un aumento de ingresos de 1,15 p.p. del PIB. Los ajustes en ambos casos se llevarían a cabo en 5 años a partir del actual, lo que evidentemente recarga la responsabilidad de su ejecución en la próxima Administración. Debe, sin embargo, aceptarse que esto último es lógico si se pretende un ajuste gradual para paliar su costo social, y además el esfuerzo promedio exigido al gobierno para este año y para cada uno de los cuatro siguientes es muy similar.
En este programa con el Fondo la contribución de ingresos provenientes del sector privado es de una cuarta parte del tamaño del ajuste. Los impuestos que ahora se incluyen son los provenientes de la renta global propuesta por los Exministros de Hacienda y presentada por mi gobierno desde hace casi 20 años, de la modificación al impuesto de las casas de lujo, de impuesto a la renta a los premios de lotería y de la eliminación de exoneraciones. Otro ingreso proviene del propio sector público. Es un impuesto sobre la renta a 14 entidades públicas que produciría 0,2 p.p. del PIB.
Este acuerdo está sujeto a la aprobación del Directorio del FMI y de la Asamblea Legislativa, que entre más pronto se den más nos favorecerán.
La señora Manuela Goretti, jefa de la Misión del FMI, manifestó respecto a este acuerdo: “Además de respaldar la recuperación de la pandemia, el programa local respaldado por el FMI tiene como objetivo asegurar la estabilidad macroeconómica y promover una agenda de reformas que ayudaría a asegurar un crecimiento fuerte, sostenible e inclusivo en Costa Rica”.
Pero no se dieron detalles de las medidas adicionales a las de consolidación fiscal que persiguen esos objetivos.
Pero a pesar de esa carencia se aclara el camino para salir de la dolorosa situación social que sufrimos. Es de esperar que prive el patriotismo y la coyuntura electoral no sea obstáculo para una pronta aprobación por las fracciones legislativas de las medidas propuestas. De ello depende reconstruir nuestro bienestar.