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El Gobierno de la República corre para que se concrete la extensión de la vida útil a los buses por al menos dos años a los que al 31 de diciembre cumplan 15 años.
Sin embargo, la presentación de al menos 100 mociones, la mayoría de ellas del Partido Frente Amplio (FA), hace que el panorama se llene de incertidumbre y el Poder Ejecutivo se encuentre contra las cuerdas.
Esta semana será clave para las negociaciones del proyecto con los diputados en la Asamblea Legislativa y la idea del Ejecutivo es sacarlo por ley antes de arrancar el receso de fin de año.
El proyecto enviado por la Presidencia de la República busca que a aquellos buses cuyos 15 años de vida útil venzan este 31 de diciembre se les extienda para que los empresarios tengan tiempo de renovar su flotilla.
La preocupación es mayor para empresas de buses de zonas rurales, debido a que si eso no se logra, se exponen a que el Consejo de Transporte Público (CTP) les retire sus unidades de bus.
TORMENTA EN VASO DE AGUA
Luis Amador, ministro de Obras Públicas y Transportes (MOPT), indicó que se está haciendo una tormenta en un vaso con agua.
Dijo que los autobuseros sufrieron una pérdida de demanda por efecto pandemia, por lo que se requiere brindarles una solución a sus problemas.
Sobre los autobuseros de la Gran Área Metropolitana (GAM), agregó que posiblemente tengan la capacidad de reemplazar buses, pero podrían solicitar un incremento en la tarifa.
“Los autobuseros de zona rural posiblemente no tienen capacidad y, entonces, cuando nos llegue la fiscalización, vamos a tener que quitarle el permiso de la concesión y la gente se va a quedar sin servicio de autobús, así de fácil.
La idea es que podamos tener una transición que después regrese otra vez a 15 años, pero que esa transición permita un cambio de flota y que el cambio de flota ojalá sea por bus eléctrico que es ambientalmente mejor, más eficiente y todo el mundo quiere un bus nuevo, pero necesitamos un impacto para el usuario”, señaló el ministro Amador.
NEGOCIACIÓN CON CONGRESO
Natalia Díaz Quintana, ministra de la Presidencia, reconoció que las acciones se deben determinar de manera inmediata para no generar un tipo de afectación al servicio público.
Dijo que el ministro necesita darles un poco más de oxígeno para que las rutas puedan seguir operando y entonces se pueda hacer toda la transición que se requiera.
Reconoció la complejidad para alcanzar ese objetivo y lo que se busca es permitir la extensión para que los empresarios que más lo requieran tengan ese alivio.
“Es difícil identificarlas, a cuáles sí y a cuáles no. Porque al final son servicios que se dan, entonces uno tendría que establecer preferencias, es un tema complejo de dilucidar.
Ahorita sí no hay un acuerdo entre todas las fracciones.
Esto va a llegar a diciembre sin resolverse y ya se acaba el año.
Muchas son zonas rurales (las que se vería afectadas)”, señaló.
Su mayor preocupación es que la ausencia de acciones incentive al incremento tarifario de los buses porque dichas tarifas deben presentarse ante la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep).