Seguro de Salud, CCSS: Riesgo de insolvencia y desidia

Según se ha informado, el Seguro de Salud llegaría a condiciones de insolvencia alrededor del año 2027 o tal vez el 2024 en un escenario menos favorable. Los administradores, como es costumbre, achacan las causas a factores externos, entre estos el envejecimiento de la población y cambios en el perfil epidemiológico. Aunque efectivamente la mayor demanda de servicios de salud y pensiones con una base de contribuyentes que se reduce y mayores costos afectarán las finanzas de estos regímenes, debe analizarse que la situación no es reciente ni imprevisible. Es evidente que la administración ignoró los llamados a tomar previsiones que, en los años 2010 y 2011, hicieran la Contraloría General de la República y la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

La Contraloría en su Memoria Anual 2010 había señalado: 

“Desde una óptica fiscal y para la gestión pública como un todo, el cambio demográfico es una variable que debe analizarse principalmente desde una perspectiva de mediano y largo plazo. Las distintas instituciones del sector público -cuya actividad se vea directamente afectada por el cambio demográfico- deben reconocer y canalizar estos fenómenos a través de sus procesos de planificación y presupuestación, impactando directamente la calidad, eficacia y eficiencia del gasto público y en la prestación de sus bienes y servicios.” 

Con mayor claridad, esa Memoria Anual expone puntualmente la obligación de los administradores del Seguro de Salud respecto a considerar el impacto de los cambios:

 “Por su parte, el propio Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN) se ha referido al tema del envejecimiento poblacional a través de boletines o en el mismo Plan Nacional de Desarrollo (PND), particularmente para los sectores de salud y pensiones. Sobre este tema, el PND 2006-2010, expresa que “en el futuro la población del país será más vieja y la relación de trabajadores activos a personas dependientes disminuirá. Estos dos cambios tienen impactos sobre el patrón epidemiológico del país y sobre las finanzas de la seguridad social (es decir, tanto del Seguro de Salud como del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte).”

Posteriormente, en las conclusiones del informe DFOE-SOC-IF-10-2015 de julio 2015, la Contraloría cuestiona que la Caja no considerara las variables demográficas en las valuaciones actuariales. Aunado a ello, se muestra aquí que la propia administración reconoce que orienta su gestión en el corto plazo e ignora la necesidad de adoptar las previsiones conforme a los cambios futuros.

“2.8. …/…Adicionalmente se indicó que no se realiza el análisis de la pirámide de población por edades y su impacto en el SEM. Lo anterior fue justificado por la DAE señalando que las proyecciones que corresponden elaborar son de corto plazo por constituir un régimen de reparto. Excluir las variables señaladas, a juicio de esta Contraloría General, representa una pérdida importante de datos para complementar las proyecciones sobre el Seguro de Salud, pues el cambio demográfico y la mortalidad son elementos básicos de las valuaciones actuariales.”

[…]

“2.19. Las directrices emitidas por la Asociación Internacional de Actuarios y la Asociación Internacional de la Seguridad Social, con apego en la técnica actuarial, establecen el contenido y resultados de los informes actuariales, entre los cuales están la definición razonable de los ingresos y los gastos conforme hipótesis demográficas, financieras, económicas y epidemiológicas.”

No menos relevantes resultan las advertencias de la Organización Panamericana de la Salud en los estudios que le fueran contratados en el 2011. Así consta en el Acta No. 9 del 21 de octubre 2011 de la Comisión Especial Legislativa, Expediente 18.201. En esa ocasión el Señor Federico Hernández Pimentel, Representante de la OPS en Costa Rica expresó a dicha comisión:

Hay una consideración que nosotros queremos traer a cuenta, señoras diputadas y señores diputados, es el proceso por el cual este país ha atravesado. Los cambios demográficos, recientes, implican que el costo de los servicios que el tipo de atención, que el tipo de profesional, que las competencias, que las capacidades y el desempeño sea diferente, en términos de demanda, en términos de oferta y en términos de costo. No es lo mismo atender una población joven que atender una población envejeciendo. 

En resumen, la administración no está exenta de responsabilidades por no haber actuado oportunamente y permitir que hoy, con menor margen de tiempo y en medio de problemas fiscales, las medidas para enderezar rumbo resulten más drásticas y de mayor costo social y económico. También es indispensable referir que no es aceptable que la administración esté cargando la eventual insolvencia del SEM únicamente a causas externas, pretendiendo cubrir las severas deficiencias de gestión y los acuerdos político-administrativos-gremiales cuya incidencia no puede ni debe ser omitida.

*Administrador de empresas