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El Gobierno de la República decidió recortar en 18.2% el presupuesto del 2027 en el rubro de “Orden Público y Seguridad”.
Costa Rica se nos está derrumbando frente a la criminalidad organizada, el sicariato y la narcoactividad. Hay prioridades nacionales y no se trata, únicamente, de presupuesto y austeridad fiscal. En la crisis actual de inseguridad, está decisión es tremendamente equivocada.
Pero… como hay que buscar soluciones, replanteo una vieja propuesta que ahorraría recursos y triplicidades presupuestarias en este crítico sector:
1.- Unamos el Ministerio de Seguridad Pública con los ministerios de Gobernación y Policía y el de Justicia y Paz, en un único Ministerio del Interior.
Me explico: Hagamos Reforma del Estado que es, también, una urgente necesidad nacional. Objetivamente, el Ministerio de Gobernación sólo existe en el papel. A la vez, el Ministerio de Justicia y Paz es una entelequia y el Sistema Penitenciario puede ser asumido por el Ministerio de Seguridad Pública, a la vez que los Archivos Nacionales, de hecho, son totalmente independientes. Integremos la Policía Penitenciaria como unidad específica de la Fuerza Pública y eliminemos triplicidades y gastos burocráticos innecesarios.
Formulo, además, dos propuestas adicionales. Ninguna de ellas significa costos presupuestarios adicionales, pero sí implican un reforzamiento necesario de la Fuerza Pública, en sus funciones policiales prioritarias de PREVENCION en la lucha contra la criminalidad organizada, el sicariato y la narcoactividad:
2.-Capacitemos en la Escuela Nacional de Policía, en un curso rápido y a la yugular, a los guardas de las 4575 escuelas y colegios públicos en todo el territorio nacional, dándoles rango de “auxiliares de policías” y pongámoslos en contacto estratégico con la Fuerza Pública y las Policías Municipales, en esos centros neurálgicos educativos que son un objetivo privilegiado y directo de los narcotraficantes para su criminal venta de drogas. Agregaríamos efectivos armados y estratégicos a la capacidad preventiva de la Fuerza Pública. Esos salarios ya están incorporados al presupuesto del Ministerio de Educación.
3.- Las instalaciones del Poder Judicial y la Asamblea Legislativa, muchas instituciones públicas, bancos estatales, centros comerciales e industrias, barrios y residenciales privados, contratan su seguridad y el cuido pagado de su patrimonio con Empresas Privadas de Seguridad y son más de 35.000 hombres y mujeres bien entrenados, equipados y armados.
¿Por qué no recuperar un programa que hicimos en el pasado y generamos, de nuevo, alianzas público-privadas estratégicas y pragmáticas de colaboración entre el Ministerio de Seguridad Pública y las Empresas Privadas de Seguridad?
Esto en absoluto es privatizar. Es sumar, asumir objetivamente la realidad nacional, implementar una estrategia de cooperación y hacer de la SEGURIDAD una “responsabilidad de todos”, bajo la supervisión del Estado Costarricense.
¡En el mes de la Patria, dejemos de lado las broncas y analicemos soluciones!
¿Y usted qué opina?