Seguridad depositó por error más de ¢11 millones a exoficial
Cartera busca a efectivo pensionado tras publicación en La Gaceta
El Ministerio de Seguridad Pública (MSP) abrió un proceso administrativo para recuperar más de ¢11 millones que habría depositado por error a un exoficial durante varios periodos de incapacidad.
La Resolución N.° 0969-2025 AJ-SPCA, publicada en La Gaceta, confirmó que el trámite quedó en manos del Subproceso de Cobros Administrativos del MSP, el cual ordenó continuar las gestiones contra un exmiembro de apellidos Villalobos Muñoz.
El expediente detalla que el funcionario recibió pagos indebidos por incapacidades no rebajadas entre el 5 de marzo de 2024 y el 15 de marzo de 2025. Los montos corresponden al 60% pendiente de deducir del salario bruto. La institución no logró completar esos rebajos porque Villalobos Muñoz se pensionó por invalidez a partir del 16 de marzo de 2025.
El documento, firmado por la licenciada Beatriz López González, indica que el afectado puede presentar recursos de revocatoria con apelación en subsidio ante el ministro de Seguridad dentro de las 24 horas siguientes a la notificación.
El MSP añadió que el exoficial tiene la posibilidad de proponer un arreglo de pago o cancelar la totalidad de la deuda en las cuentas del Ministerio de Hacienda, siempre que remita el comprobante correspondiente. Además, si no atiende el requerimiento ni señala domicilio, toda notificación posterior se tendrá por realizada 24 horas después de emitida, según la Ley de Notificaciones Judiciales N.° 8687.
El proceso busca recuperar fondos públicos girados sin justificación, como parte de los controles internos que ejecuta la institución.
Por su parte, el abogado administrativo Carlos Campos señaló que, cuando un funcionario público recibe montos sin sustento legal, debe reintegrarlos, aunque el error haya surgido de la propia administración.
El especialista recordó que el empleado no define los montos que se le depositan, ya que estos provienen de los sistemas internos. Aun así, si se determina un pago indebido, corresponde devolverlo.
Campos explicó que la administración primero intenta contactar al funcionario y publica un edicto en La Gaceta. Si no obtiene respuesta, acude al cobro judicial para notificarle formalmente la obligación de reintegro. Agregó que estos casos también pueden derivar en responsabilidades internas, pues un error administrativo puede motivar un proceso contencioso para determinar quién generó el pago improcedente y permitir que el Estado recupere el dinero erogado.