Los recientes ataques contra jueces y fiscales han causado la interrogante sobre la necesidad de aumentar las medidas de protección a los funcionarios judiciales.
Por este motivo el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Corte Suprema de Justicia se reunieron para dar a conocer la labor que realizan para mejorar la seguridad de los colaboradores.
Las situaciones de riesgo en las que están envueltos los funcionarios obligaron a una capacitación de más de 400 personas relacionadas con autoprotección que se han dado en Grecia, Pococí y Sarapiquí mientras preparan estas formaciones para Limón, Cartago, San José, Heredia y Alajuela.
Además, se han elaborado una serie de diagnósticos en varios de los edificios judiciales para reducir vulnerabilidades, mejorar la seguridad a lo interno y también en el perímetro de las edificaciones.
Representaciones gremiales de jueces y fiscales han enviado sus inquietudes a la Comisión con la intención de agilizar las medidas, así como generar nuevas propuestas.
Gerardo Rubén Alfaro, magistrado y coordinador de la Comisión de Seguridad del Poder Judicial, señaló que hay medidas que no se pueden dar a conocer para no alertar al crimen organizado.
“El tema es una prioridad y las personas funcionarias pueden estar tranquilas”, aseguró.
Carlo Díaz, fiscal general de la República; Michael Soto, subdirector del OIJ; y Damaris Vargas, vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia, son parte de los jerarcas que asistieron a la reunión.