Seguridad, comunidad y responsabilidad compartida

El homicidio de Kurt Van Dyke, dueño de un hotel en Hone Creek y conocido popularmente por practicar el surf, sacudió a una comunidad que vive del turismo, del trabajo cotidiano y de la convivencia pacífica. El impacto trasciende a una familia en duelo: alcanza a vecinos, trabajadores y a una región cuya reputación se sostiene en la confianza y la seguridad.

Estos hechos obligan a mirar la realidad con serenidad y respeto. La violencia no es un fenómeno aislado ni reciente. Se alimenta de brechas sociales, de la presencia de bandas, de oportunidades delictivas y de respuestas estatales que no siempre llegan a tiempo o con la fuerza necesaria. Negarlo no ayuda; sobrerreaccionar tampoco. La responsabilidad está en actuar con soluciones concretas.

Primero, presencia policial inteligente y sostenida. No se trata solo de más patrullas, sino de patrullaje focalizado, análisis criminal y respuesta rápida en zonas turísticas y residenciales. 

La coordinación entre Fuerza Pública, OIJ y policías municipales debe ser permanente, con metas claras y evaluación pública de resultados, como lo han destacado en mil de ocasiones expertos en la materia.

Segundo, protección al turismo y a quienes invierten y trabajan en él. El turismo no es un lujo: es sustento. La articulación con cámaras empresariales y asociaciones locales debe traducirse en planes específicos para hoteles, comercios y restaurantes, con capacitación en seguridad, protocolos de emergencia y acompañamiento institucional. La voz de la Cámara de Turismo y Comercio del Caribe Sur apunta en la dirección correcta: cuidar la vida y la imagen del territorio es cuidar el empleo.

Tercero, justicia eficaz y comunicación responsable. Investigar, capturar y sancionar es indispensable. Pero también lo es comunicar con transparencia, sin estigmatizar regiones ni personas. El Caribe Sur no es violencia; es trabajo digno. Repetirlo con hechos es la mejor defensa.

Finalmente, política pública integral. Seguridad, desarrollo social, empleo y educación no compiten: se complementan. 

Donde hay oportunidades reales, el delito retrocede; donde el Estado llega tarde, la criminalidad avanza.

El pronunciamiento del sector turístico no debe leerse como una defensa corporativa ni como una reacción aislada. Es, ante todo, un llamado a la mesura en medio del dolor, a la ética cuando la tragedia golpea y a la responsabilidad compartida en un país que atraviesa una crisis de violencia que no admite simplificaciones.

El Caribe Sur no necesita negación de la realidad, pero tampoco merece ser reducido a ella. Reconocer la violencia es una obligación; convertirla en estigma es una irresponsabilidad. 

Cuando se afirma que “el Caribe Sur no es violencia”, no se niega el crimen ocurrido: se defiende la identidad de una región construida sobre trabajo digno, cultura viva, pluralidad y comunidad.

El ejercicio periodístico, especialmente en contextos de alta emotividad, exige equilibrio. Contextualizar no es justificar; señalar fallas estructurales no implica señalar comunidades enteras.

Coincidimos con el llamado a la unidad, pero añade una exigencia clara: la investigación debe avanzar con celeridad, los responsables deben ser llevados ante la justicia y el Estado debe reforzar su presencia preventiva en las zonas donde la seguridad se ha debilitado. Solidaridad sin acción es insuficiente.

Hoy, más que nunca, Costa Rica necesita menos ruido y más soluciones; menos etiquetas y más contexto; menos miedo y más comunidad.

El Caribe Sur merece justicia, respeto y verdad.

Y el país entero, un debate serio que no se construya sobre el dolor, sino sobre la responsabilidad colectiva.