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Nuestros padres y abuelos nos cuentan sus anécdotas de infancia, que muchos aún atesoramos, cuando jugaban libremente en los parques, caminaban a sus escuelas sin miedo o dejaban las puertas de sus casas abiertas. Hoy, esto ya no es posible. Vivimos entre rejas, atemorizados por una creciente inseguridad.
La inseguridad y el bajo crecimiento económico se retroalimentan. La desigualdad, la pérdida de poder adquisitivo y la falta de oportunidades impulsan la criminalidad, afectando la inversión, el turismo y la creación de nuevas fuentes de empleo, con graves consecuencias para el desarrollo socioeconómico.
A nivel regional, aunque somos solo el 8 % de la población mundial, concentramos casi una tercera parte de los homicidios del planeta. Y nuestro país resulta ser el único que muestra una tendencia creciente en este indicador. Según el BID, la criminalidad le cuesta a la región más del 3 % del PIB, equivalente al 80 % del presupuesto educativo y, muy posiblemente, supera los programas de asistencia social.
La actual crisis de inseguridad se refleja en la tasa de homicidios, que es el principal indicador utilizado para monitorear el estado de seguridad en los países. Muy a nuestro pesar, Costa Rica ha venido experimentando un aumento progresivo recientemente, generando una alta percepción de inseguridad.
El Informe Estado de la Nación 2024 indica que la tasa de homicidios pasó de 4,6 por cada 100 mil habitantes hace tres décadas, a 12,6 en 2022 (con 656 homicidios) y a 17,2 en 2023 (con 906 homicidios), un incremento del 38 % respecto al 2022.
Este aumento se vincula principalmente al narcotráfico y al crimen organizado, así como a la desigualdad y la falta de oportunidades para nuestros jóvenes. Zonas como la capital y las costas son las más afectadas, donde existe mayor desempleo, menor cobertura educativa y deficiente servicio de salud.
Según el Índice Global del Crimen Organizado 2023, ya no somos un país de tránsito; nos convertimos, además, en un país destino del narcotráfico, con redes criminales sofisticadas que operan en múltiples delitos, incluyendo la legitimación de capitales.
La solución exige un enfoque integral, basado en evidencia, que nos permita diseñar políticas públicas con metas claras y medibles. Requiere un banco sólido de cinco patas:
1. Fortalecimiento institucional: Las instituciones de seguridad están debilitadas. Debemos dotarlas de tecnología, logística, equipamiento y capacidad investigativa. Es vital una mayor concentración de policías en las zonas de más alta criminalidad, así como priorizar a los jóvenes en riesgo antes de que caigan en manos del crimen organizado. Además, urge una asignación estratégica de recursos y una supervisión eficaz del gasto público. La lucha contra la legitimación de capitales debe ser prioridad, así como la cooperación internacional para enfrentar el crimen transfronterizo.
2. Reforma del sistema judicial: La impunidad es percibida como una constante. El Poder Judicial ha hecho esfuerzos (como convocar la Comisión de Seguridad de Alto Nivel o crear la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada), pero necesita procesos de investigación más eficientes, recaudación de pruebas sofisticada, así como etapas de juicio y ejecución de penas más ágiles y rigurosas. El OIJ requiere más recursos para combatir las organizaciones criminales, que se estiman en más de 600. Según el Estado de la Nación, se presentan 47 denuncias diarias por delitos contra la vida, y casi la mitad no se resuelven. Se necesita una reforma profunda del sistema judicial, más coordinación entre poderes del Estado y leyes robustas, como la Ley 10369, que fortaleció la lucha contra el crimen organizado.
3. Acción legislativa: La Asamblea Legislativa ha avanzado poco en leyes clave. Proyectos urgentes, como ampliar el horario de allanamientos, no se aprueban con la prontitud que la crisis exige. Se necesita una agenda de seguridad articulada y estratégica, y que se dote a las instituciones de seguridad con los recursos y herramientas necesarios.
4. Gobiernos locales: Los municipios deben desarrollar políticas de prevención adaptadas a sus realidades. Acciones como programas antidrogas, apoyo al empleo y al sector productivo, así como el mantenimiento de espacios públicos, son fundamentales. La criminalidad no respeta límites cantonales, por lo que se requiere coordinación regional, fortalecimiento de policías municipales y una respuesta articulada entre cantones.
5. Participación de la sociedad civil: La ciudadanía debe involucrarse. La familia, en especial, tiene un rol fundamental, educando y acompañando a los jóvenes, y limitando la exposición a redes sociales que normalizan el uso de la violencia.
La seguridad no es responsabilidad exclusiva del Estado: nos corresponde a todos. Recuperar nuestras calles y restaurar la esperanza depende de un esfuerzo colectivo. Construyamos un país donde podamos vivir sin miedo, con oportunidades para todos.