Editorial
Costa Rica se enfrenta este año a uno de los retos más complejos. La violencia y el crimen organizado, que antes parecían ser problemas ajenos, están cada vez más presentes en la realidad de los ticos.
Si bien seguimos siendo un país de relativa paz en comparación con otros de la región, el crecimiento de la percepción de inseguridad amenaza con socavar los logros alcanzados en términos de desarrollo, bienestar y cohesión social.
Con el fin de garantizar un mejor futuro, es imperativo que adoptemos una estrategia integral para enfrentar la inseguridad, que combine la prevención, la justicia social, el fortalecimiento de las instituciones y la cooperación internacional.
Solo de esta manera el país podrá asegurar que sus ciudadanos sigan viviendo en un entorno seguro, justo y equitativo, donde la paz sea un valor irrenunciable y un bien común para las generaciones futuras.
Y es que el combate a la inseguridad no puede reducirse a una respuesta policial, sino que debe formar parte de un esfuerzo más amplio por combatir la pobreza, la exclusión social y la violencia.
Durante mucho tiempo, Costa Rica ha sido un referente tanto de paz como de estabilidad en una región marcada por conflictos y violencia. Sin embargo, el narcotráfico ha cambiado la dinámica de la seguridad.
Los resultados de las últimas encuestas señalan que la mayoría de los costarricenses considera que la inseguridad y la delincuencia son el principal problema del país, más allá de la economía o cualquier otro.
Esta opinión se ha mantenido desde abril de 2023, según el Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP). Lo anterior refleja que la seguridad de Costa Rica exige soluciones reales y de largo plazo.
Si es necesario destinar mayores recursos a combatir este flagelo debe hacerse, no perdamos el tiempo en la inacción. Las decisiones deben concretarse ahora.
“Las pandillas locales están tomando fuerza y generan preocupación en ciudades como San José o Limón”.
Aunque el país no es un productor de drogas, su ubicación estratégica en el trasiego hacia los Estados Unidos y otros mercados internacionales lo convierte en un punto clave para los carteles.
Esto ha incrementado los crímenes, ajusticiamientos y las extorsiones, especialmente en las zonas fronterizas y en comunidades urbanas marginalizadas.
Al lado de esta amenaza externa, el país enfrenta un aumento de la violencia social interna. Las pandillas locales están tomando fuerza y generan preocupación en ciudades como San José, Limón y otras áreas periféricas.
El aumento de los homicidios, el narcotráfico local y los delitos violentos afectan la seguridad y la percepción de bienestar en la población.
Como sociedad, necesitamos prevención. Costa Rica debe invertir en la rehabilitación social de los jóvenes en riesgo, promover la inclusión y mejorar el acceso a la educación y al empleo.
Además, una mayor cooperación internacional en temas de seguridad será fundamental para combatir el crimen organizado transnacional de manera efectiva.
En este contexto, es crucial también mejorar la coordinación entre las diferentes instituciones del Estado, incluyendo el Poder Judicial, el Ministerio Público y los cuerpos de seguridad, para garantizar una respuesta efectiva y eficiente ante los delitos.
