Segunda resolución de la Sala IV prohíbe discutir presupuesto 2027 en segundo debate
Sala IV responde a consulta por recorte al FEES
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La discusión y votación en segundo debate del Presupuesto Nacional para 2027 quedaron suspendidas antes del 29 de noviembre, luego de que la Sala Constitucional emitiera una segunda medida cautelar que impide a la Asamblea Legislativa continuar con esa etapa del trámite.
La nueva resolución, dictada este lunes 9 de noviembre a las 6 p.m., responde a una consulta facultativa presentada por 12 diputados contra el recorte de ¢8.048 millones al Fondo Especial para la Educación Superior (FEES).
“El Plenario de la Asamblea Legislativa deberá abstenerse de discutir y aprobar en segundo debate al proyecto de ley que se tramita bajo el expediente legislativo número 25.754, antes del 29 de noviembre de 2026”, establece el tribunal.
Horas antes, la Sala había acogido otra solicitud cautelar presentada por la Corte Suprema de Justicia, mediante la cual ordenó abstenerse de dar segundo debate al presupuesto debido a cuestionamientos sobre restricciones presupuestarias impuestas al Poder Judicial.
La segunda resolución amplía expresamente la prohibición a la discusión y aprobación en segundo debate del proyecto, que recibió su primer aval legislativo el pasado 5 de noviembre.
La presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez, levantó la sesión a las 6:38 p.m, justo cuando se seguía discutiendo el expediente en segundo debate, aunque no especificó si la medida se debió a un acatamiento de la resolución.
A raíz de la primera resolución, Jiménez determinó no votar en segundo debate el expediente, aunque mantuvo la discusión.
Recorte a universidades
La controversia se concentra en una moción aprobada el 19 de octubre por la Comisión de Asuntos Hacendarios, mediante la cual se trasladaron ¢8.048.128.252 de fondos postergados del FEES a una partida destinada a cubrir cotizaciones patronales de la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (Jupema).
Los legisladores consultantes alegan que la modificación podría vulnerar los artículos 84 y 85 de la Constitución Política, relacionados con la autonomía y el financiamiento de las universidades públicas.
También cuestionan que la reducción fuera aprobada sin consultar previamente a los órganos directores universitarios, como establece el artículo 88 constitucional para determinadas materias relacionadas con estas instituciones.
Según la consulta, el traslado de recursos afectaría la programación universitaria y posibles inversiones en sedes regionales, así como la ampliación de cupos académicos.
El tribunal también señaló que la Asamblea Legislativa no remitió oportunamente el expediente solicitado el 27 de octubre, por lo que debió reiterar el requerimiento el 4 de noviembre.
La Sala consideró necesario preservar el control previo de constitucionalidad antes de la aprobación definitiva del presupuesto.
Las medidas cautelares no constituyen todavía una resolución sobre la constitucionalidad de los recortes cuestionados.
El presupuesto nacional debe quedar aprobado definitivamente antes del 30 de noviembre, según el artículo 178 de la Constitución Política.