Costa Rica aqueja una crisis de gobernabilidad desde hace décadas, debido a que se sobreponen demasiados intereses que dan al traste con los planes de gobierno, según acusaron los últimos Presidentes de la República en algún momento de su Administración.
Sin embargo, resulta muy elocuente la forma en que se pretende resolver una problemática que trae cola, y la cual se genera debido a la exclusión y la falta de oportunidades para miles de costarricenses, al punto que a veces pareciera que no hay tregua electoral ni siquiera justo después de los comicios.
En la Asamblea Legislativa nacen propuestas tan insólitas que se para el sol a verlas, pues ahora resulta que se buscaría mejorar la gobernabilidad y ahorrar fondos públicos bajando el porcentaje de votos necesarios para alcanzar la Presidencia de la República.
La propuesta se tramita bajo el expediente 23.260, y busca reformar el artículo 138 de la Constitución Política, con el objetivo de que el Presidente y los Vicepresidentes sean electos con un 20% del número total de sufragios válidamente emitidos.
Para justificar esta iniciativa, los proponentes parecieran hacer un mea culpa, al indicar que: “En estos últimos comicios la presencia del abstencionismo ha venido creciendo a pasos agigantados, factor de descontento que tiene el pueblo en general con los políticos, las instituciones públicas y principalmente el pluripartidismo tan marcado que existe. Este último ha derivado en comicios con 25 partidos inscritos luchando por la silla presidencial, haciendo aún más complicado que se llegue al porcentaje requerido de apoyo popular para dictar el ganador de la contienda política en una primera ronda”.
Es entonces que se puede subrayar por qué al pueblo le cuesta tanto confiar en los políticos, pues tras ese bosquejo de la situación nacional, en que los responsables son precisamente los partidos políticos y todos sus integrantes, se remata con el siguiente párrafo:
“En el caso de las elecciones de 2022 el candidato que obtuvo más apoyo llegó a un 27% (José María Figueres-PLN). En 2018 fue Fabricio Alvarado (Restauración Nacional 24,91%), mientras que en 2014 fue Luis Guillermo Solís (PAC-30,95%)”, en otras palabras, en los tres últimos comicios nacionales, de los tres ganadores de la primera ronda, solo uno de ellos triunfó en la segunda y en condiciones especiales, pues vale recordar que Luis Guillermo Solís prácticamente no tuvo contrincante en su balotaje contra Johnny Araya, quien renunció a seguir haciendo campaña y dejó abiertas las puertas de par en par al primer mandatario por el Partido Acción Ciudadana (PAC).
Además, tan solo cada cuatro años en este país los políticos se acuerdan de que el pueblo es soberano y determina a quiénes van a representarlo, de modo que mermar la ya reducida legitimidad de las elecciones presidenciales parece más una pataleta que una solución estatista. Así pues, los proponentes aseguran que bajar el porcentaje “ayudaría a las finanzas del Estado”, pues al lograr Presidente en primera ronda se ahorrarían unos ¢3.000 millones, el costo promedio de una segunda ronda, así como sería posible reasignar dichos recursos.
Es entonces cuando surge la duda de si se pretende, de facto, anular la posibilidad de que haya segunda ronda electoral. Debe quedar claro que los comicios no son un concurso de popularidad sino un mecanismo mediante el cual los costarricenses imponen su voluntad, porque determina qué quisieron hacer con su país.
Por ese motivo, no se comprende la postura de los legisladores, pues si bien se ha dicho que la segunda ronda tiene sus inconvenientes, siguen siendo esas trabas males necesarios de una democracia representativa. Si los señores diputados quieren en verdad ahorrarle dinero al Estado, podrían, por ejemplo, reducir los ingentes montos que reciben sus partidos por la deuda política, pues el obtener una cantidad de votos representa ingresar en las arcas cantidades de dinero que muchos mortales no llegarían a gastar en toda su vida.
Asimismo, se ve que los políticos nacionales no saben de mercadotecnia. Si su producto fuera tan bueno, todo el mundo se los compraría y alcanzarían el 40% que se volvió un obstáculo en las últimas elecciones porque cada vez hay más partidos con sus propios empujes e intereses. ¿Cómo se vería un empresario que dijera que debido a que su producto es de cuestionable calidad el mercado debería reducirse a la mitad de competidores para que la población se vea obligada a comprarle? De hecho, el abstencionismo es un llamado de atención por parte de quienes no se sienten convencidos de las decisiones políticas que se toman en el país. ¿Cómo se va a pretender excluirlos más al ni siquiera permitirles expresarse de esta manera?
Además en el multipartidismo, si se sabe trabajar en iniciativas que tengan en común el bien de Costa Rica sin que haya intereses propios de por medio, sus males se pueden combatir poniendo más requisitos para ser presidente de la República, y ya que estamos en eso, por qué no evitar de una vez por todas esa odiosa doble postulación que permite a los aspirantes a la Presidencia prácticamente hacer a la vez campaña para diputados, porque peor es nada y la cosa es alcanzar un puesto.
Asombra que los señores diputados alegaran con tanta insistencia que hubo pocos proyectos por parte del Poder Ejecutivo durante el periodo de sesiones extraordinarias, pues se rasgaban las vestiduras indicando que estaban ansiosos por mejorar las condiciones de los costarricenses y luchar por construir un país mejor. Sin embargo, apenas inician el periodo de sesiones ordinarias, cuando recuperan el control de los proyectos que se ven en el Plenario, sale a la luz pública esta iniciativa que en nada beneficia o aporta a la calidad de vida de la señora de Purral a la cual ha hecho famosa el actual mandatario Rodrigo Chaves Robles, quien por cierto ya pidió a los legisladores que dejaran de jugar chapitas y se pusieran a trabajar. ¿Será que debemos insistirles al respecto?