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La Dirección de Geología y Minas (DGM) del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) realiza un seguimiento insuficiente de las concesiones mineras no metálicas que otorga, pues tras una investigación realizada por la Contraloría General de la República se puede convertir en un riesgo.
De la indagatoria a varios expedientes, plasmados en el informe informe DFOE-AE-IF-09-2016, se determinó que la instancia omitió información que le permitiera conocer la condición topográfica actual del área concesionada, al tiempo que no se contó con la documentación financiera de rentabilidad y ventas de material extraído.
La DGM, la cual existe desde hace 60 años, tampoco realiza una programación prioritaria de visitas a sitios dados en concesión, pues no utiliza criterios de riesgo que permitan fundamentar y priorizar las inspecciones sino que se hacen tomando en consideración la disponibilidad de recursos, tanto administrativos y de personal, con que cuenta la entidad, además de la atención de solicitudes de los concesionarios, denuncias, consultas planteadas por otras instancias gubernamentales y la verificación de los reportes de cambio de maquinaria.
Estas son algunas de las deficiencias y debilidades detectadas en la DGM por la Contraloría, que señala la necesidad de mejorar la eficacia y eficiencia del proceso para otorgar las concesiones de explotación de minerales no mineros, contemplados en el Código de Minería y su reglamento.
NO HAY CERTEZA
La producción de recursos minerales no metálicos abarca aproximadamente el 98% de las concesiones inscritas ante la DGM, que entre otros incluye producción de diatomita, caliza, arcilla, puzolanas y materiales silíceos para cemento, entre otros.
“El seguimiento a las concesiones mineras es exiguo, de manera que no se tiene certeza del estado de la actividad en el país y de los beneficios económicos y sociales que representa. Esto se convierte en una amenaza para el recurso explotado, pues se desconocen las tasas de extracción, el estado de los cauces de dominio público ante la concentración de concesiones en algunos ríos y la razonabilidad de los rendimientos económicos generados”, detalla el ente contralor.
URGEN 23 PLAZAS
Ileana Boschini, directora de la DGM, manifestó que urgen 23 plazas, de las cuales la mayoría son para estudios e inspecciones técnicas, a fin para realizar las labores de seguimiento, pues en la actualidad la entidad cuenta con siete geólogos, los cuales son insuficientes.
“El mayor problema es contar con recursos muy limitados, se cuenta solo con siete geólogos que cubren todo el país, los cuales estudian las solicitudes de concesión, hacen las recomendaciones técnicas, dan seguimiento a las concesiones mineras aprobadas, atienden denuncias, colaboran con la Fiscalía Ambiental, el Tribunal Ambiental Administrativo, recursos de amparo a la Sala Constitucional, la Procuraduría, la Defensoría de los Habitantes. Entonces las giras de campo semanales se planean para cubrir un territorio, por lo que no siempre prima el criterio técnico que priorice los temas más relevantes para la Contraloría”, afirmó.
Reconoció que es necesario reorganizar los procesos de acuerdo a la normativa de simplificación de trámites para los administrados adecuando el reglamento y realizar cambios más profundos al Código de Minería, los cuales se propondrán a la Asamblea Legislativa antes del cambio de gobierno en 2018.
Indicó que en los próximos meses sacarán un concurso mediante el cual se pretende contratar tanto para la DGM y la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena) un sistema de cómputo, con el cual se busca mejorar las gestiones y trámites. El costo del sistema ronda los ¢250 millones.