Fecha de publicación:
Fecha de modificación:
Costa Rica se fijó como meta que, para 2035, el 30% de la flota de transporte público sea de cero emisiones y que ese mismo porcentaje de los vehículos ligeros, privados e institucionales sea eléctrico; sin embargo, representantes de los sectores del transporte, la movilidad eléctrica y la energía consideran que alcanzar esos objetivos dependerá de crear condiciones que actualmente son “poco realistas”.
Mario Mora
Intendente de Energía
“Nos hemos hecho expertos en precisar qué es lo que queremos, pero no tan expertos en precisar cómo lograrlo. Y entonces a veces definimos metas desde la política pública que no necesariamente se coordinaron con el prestador del servicio”.
Sin embargo, esto se encuentra lejos de la realidad actual, puesto que actualmente solo 25 unidades de autobús son eléctricas, mientras que los vehículos eléctricos representan apenas un 2% del total de la flota que circula en el territorio nacional.
Silvia Rojas
Directora Asomove
“Tenemos un 20% de nuevos vehículos eléctricos, pero apenas el 2% de toda la flota es eléctrica. Necesitamos una política de descarte de esos vehículos antiguos que muchos incluso ni siquiera están circulando, pero están registrados”.
Silvia Rojas, directora ejecutiva de la Asociación Costarricense de Movilidad Eléctrica (Asomove), señaló que el panorama actual se aleja de las metas gubernamentales debido a que Costa Rica no cuenta con una política de descarte de vehículos antiguos.
“Somos acumuladores de carros en Costa Rica. Entonces tenemos vehículos viejísimos y cuando yo le digo que el 20% de los vehículos nuevos son eléctricos no se ve reflejado en toda la flota vehicular”, explicó Rojas.
A esto se suma el sector de los autobuseros pues, según especificó la presidenta ejecutiva de la Cámara Nacional de Transporte Público (Canatrans), Silvia Bolaños, la transición podría acelerarse; sin embargo, esto requiere de apoyo financiero para los empresarios, el cual no se ha dado desde las anteriores administraciones.
“Dándose las condiciones habilitantes podríamos generar una electromovilidad acelerada en el sector transporte. Pero tenemos que empezar por eso, por dar las condiciones, una de esas necesariamente es el financiamiento adecuado para que las empresas puedan hacer esa transición”, comentó Bolaños.
A esto se suma el costo de instalar infraestructura de carga en el territorio nacional, la cual hoy presenta un gran déficit para los vehículos ligeros y representa altos costos para los empresarios autobuseros.
Silvia Bolaños
Presidenta Canatrans
“La electromovilidad no es conveniente en este momento porque tenemos una disminución de demanda, entonces si usted aumenta ¢5 a la tarifa al usuario para cubrir la transición, van a preferir irse en el servicio pirata”.
Bolaños expresó que la inversión suma un “costo adicional” al plantear la necesidad “de recarga en los planteles, el costo de los cargadores, cómo hacemos llegar la electricidad al plantel. Después de la puerta del plantel toda esa infraestructura de recarga le corresponde al operador y eso es un gasto muy elevado”.
Rojas incluso precisó que el país dispone actualmente de 93 cargadores rápidos, una cantidad insuficiente que debería rondar las 400 estaciones para poder atender el aumento de vehículos eléctricos, especialmente de quienes recorren grandes distancias o no tienen condiciones para cargar en sus viviendas. El reto no recae únicamente en los usuarios, pues el intendente de Energía, Mario Mora, detalló que el crecimiento de la movilidad eléctrica obliga a planificar desde ahora la expansión de la generación, transmisión y distribución de electricidad.
“En la descarbonización necesitamos comprender que el mercado de hidrocarburos y el eléctrico están altamente integrados, son competitivos e interrelacionados. El 70% de la energía que utilizamos todos los días es energía de recursos fósiles, entonces esta transición energética debe tener esa visión de mediano y largo plazo”, indicó Mora.
Entre las metas cumplidas del Plan de Descarbonización se encuentran la colocación de al menos 69 centros de carga rápida y la implementación del sistema de pago electrónico.



