Los cambios propuestos por el Poder Ejecutivo con el fin de actualizar el reglamento para la calidad del agua generan intensos debates entre empresarios y ambientalistas que ponen en el centro de la controversia tanto la sostenibilidad ambiental como el desarrollo económico.
El Ministerio de Salud sacó a consulta pública la reforma durante la última semana de diciembre pasado y enfatizó que la medida “no busca de ninguna manera legalizar” la presencia de plaguicidas en el recurso hídrico potable; por el contrario, su objetivo consiste en “fortalecer el marco de acción” de la cartera.
Para el Bloque Verde y la Federación Costarricense para la Conservación de la Naturaleza (Fecón), uno de los cambios más significativos en el texto propuesto es la sustitución del término “valor máximo admisible” por “valor de alerta”.
Según dicen, esa variación facultaría tanto al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) como a las Asociaciones Administradoras de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados Comunales (Asadas) a distribuir un servicio contaminado.
Yamileth Astorga, expresidenta del AyA, se mostró preocupada al subrayar que la modificación reglamentaria “expone a la población a un riesgo de consumir agua con residuos de plaguicidas”.
Afirma que el consumo continuo del líquido con sustancias dañinas puede ocasionar el desarrollo de enfermades relacionadas al cáncer.
No obstante, en el otro lado de la acera, la Alianza para la Sostenibilidad Agrícola (ASA) considera que la proposición de dicho Ministerio “es un paso significativo hacia la adopción de criterios técnicos que respalden la toma de decisiones”.
“Para el sector agrícola es de suma importancia que se realicen estos análisis de riesgo que, con respaldo técnico y científico, determinen si la presencia de un pesticida en el agua representa un peligro para la salud o si su consumo es seguro”, señala Jorge Cartín, director de ASA.
El Colegio de Químicos de Costa Rica plantea que se debe establecer un comité técnico que realice una revisión integral del documento.
“Se deberá tener una visión y análisis sistemático de la implementación de plaguicidas en el país, desde su importación, gobernanza y regulación hasta su aplicación y disposición final de residuos”, manifiestan.
Al cierre de edición, se intentó conocer la posición de la ministra de Salud, Mary unive, pero no fue posible.
