Entre el 2016 y el 2018, las instituciones del sector público acumulan pérdidas económicas por ¢57.442 millones, producto de la administración y venta de bienes inmuebles recibidos como dación de clientes o que fueron tomados en posesión por las instancias, debido que los deudores no pudieron pagar los préstamos adquiridos.
Dichos bienes son administrados por el Banco Nacional de Costa Rica (BN), Banco de Costa Rica (BCR), Banco Popular y de Desarrollo Comunal (BPDC), Instituto Nacional de Seguros (INS) y Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), quienes tutelan bienes tales como maquinaria, vehículos, joyas, terrenos, construcciones, viviendas y edificios comerciales, los cuales se encuentran ubicados en todo el territorio nacional.
Así se desprende de una reciente auditoría elaborado por la Contraloría General de la República (CGR), bajo el número de informe DFOE-EC-SGP-00002-2019, en el que se detalla que, en los últimos años, la cartera de bienes realizables del Sector Público aumentó, pues pasó de 4.146 activos en el año 2016 a 5.166 bienes al 30 de junio de 2019, con valores de registro de ¢169.903 millones y ¢250.109 millones, respectivamente.
La auditoría se seguimiento realizada por la Contraloría se enfocó en la administración y venta de terrenos, viviendas y edificios comerciales.
Según la entidad contralora, pese a que se registró un incremento en la cantidad de bienes vendidos por año, su nivel de crecimiento sigue sin ser representativo en relación con la cantidad de bienes que permanecen disponibles para la venta.
Esto se refleja en los resultados de las ventas durante el período 2016-2019, en el cual las instituciones públicas vendieron 3.907 bienes realizables inmuebles con un precio de venta final de ¢128.986 millones y una pérdida total aproximada de ¢57.442 millones,
“Por otra parte, tomando como referencia el monto por el cual fue adjudicado el bien, los gastos incurridos en su administración y venta, así como el precio por el cual fueron vendidos, se determinó que durante el período evaluado las instituciones tuvieron una pérdida total de ¢57.442 millones”, se desprende del texto fiscalizador.
Además, se añade que “(…) para el período de análisis, los ingresos por concepto de ventas representan el 80,4% del monto de la deuda por la cual se realizó la apropiación del bien, porcentaje que disminuye a un 63,3% al considerar las erogaciones incurridas por concepto de administración y venta, con lo cual se genera una pérdida total aproximada del 36,7% del monto adjudicado”.
Por otro lado, se determinó que, para el 30 de junio del presente año, 2.626 de los bienes, lo que se traduce en el 55% del total, con un valor de registro de ¢107.023 millones, no se encuentran disponibles para la venta debido a trámites pendientes, los cuales han generado costos por su custodia y mantenimiento de ¢5.273 millones.
“Se recomienda la consideración de acciones orientadas a fortalecer los procesos de aceptación de garantías de las operaciones de crédito que se otorguen, en donde se contemple una estricta revisión de las condiciones legales, topográficas, de ubicación, registrales, entre otras. Esto con el propósito de determinar si los mismos cumplen con las condiciones necesarias, y de esa manera disminuir la probabilidad de ocurrencia de los riesgos vinculados a la apropiación de bienes que no cubran el monto del empréstito otorgado”, sugiere la contraloría.