Sector educativo cuestiona recortes previstos para 2027

UNA y sindicatos advierten efectos sobre programas y estudiantes

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Distintos sectores vinculados con la educación pública comenzaron a cuestionar la reducción de recursos contemplada para el Ministerio de Educación Pública (MEP) en el proyecto de Presupuesto Nacional 2027.

El Centro de Investigación y Docencia en Educación (CIDE) de la Universidad Nacional (UNA), el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense (SEC) y la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE) manifestaron preocupación por las consecuencias que podría generar una menor inversión educativa.

El proyecto contempla ¢19.230 millones menos para el MEP respecto al presupuesto vigente de 2026.

El CIDE señala una reducción estimada de ¢2.382 millones en Programas de Equidad, que financia alimentación, transporte y apoyos para estudiantes en condición de pobreza o vulnerabilidad.

“Convertir la reducción demográfica simplemente en una oportunidad para reducir el presupuesto educativo sería una decisión de muy corto alcance. Cuando nacen menos niños y niñas, cada uno adquiere mayor importancia para el futuro colectivo”, expresaron los académicos.

Sindicatos cuestionan reducción

El SEC también manifestó su rechazo a la disminución de recursos y advirtió que sus efectos podrían alcanzar diferentes áreas del sistema educativo, entre ellas infraestructura, becas, ayudas estudiantiles, nombramientos, mantenimiento de centros y recursos pedagógicos.

Gilberth Díaz, presidente del SEC, sostuvo que el país debería fortalecer la inversión después de los problemas acumulados por el sistema educativo durante los últimos años.

“Es un grave retroceso para la educación pública y constituye una muestra más de la falta de voluntad política de este Gobierno para colocar a la educación como una verdadera prioridad nacional”, dijo el sindicalista.

APSE se sumó a los cuestionamientos y señaló que las reducciones presupuestarias podrían afectar principalmente a las poblaciones más vulnerables.

Piden cumplir inversión constitucional

Dennis Solís, presidente de APSE, indicó que la organización mantiene su exigencia de cumplir con el mandato constitucional que establece un financiamiento estatal para la educación pública equivalente al 8% del producto interno bruto (PIB).

“Se señala una crisis en el sistema educativo, pero el Gobierno se niega a invertir lo que corresponde por ley a educación pública y brindar los recursos necesarios”, manifestó Solís, presidente de APSE.

Las tres organizaciones coinciden en solicitar mayor inversión para el sistema educativo.

Presupuesto para el 2027

La propuesta presentada días atrás por el Ministerio de Hacienda asigna al MEP ¢2,752 billones para el próximo año, frente a los ¢2,771 billones correspondientes al presupuesto actual de 2026. Esto representa una reducción del 0,7% entre ambos periodos.

De aprobarse el proyecto en los términos planteados por el Gobierno, los recursos destinados a la cartera equivaldrían al 4,9% del PIB durante 2027, muy lejos de lo establecido constitucionalmente.

En cuanto al Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), este se mantuvo sin crecimiento para el otro año.

“Cuyo monto para el 2027 es de ¢593.484,8 millones, adicionalmente, se están asignando ¢8.048,1 millones para cumplir con el Acuerdo de la Comisión de Enlace sobre los Fondos Postergados”, indica el documento de Hacienda.