Fecha de publicación:
Fecha de modificación:
El sector agropecuario solicita quedar excluido del Acuerdo Transpacífico o Alianza del Pacífico, según indicó Abel Chaves, vicepresidente de la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria (CNAA), en entrevista con Grupo Extra.
“Sigan adelante con los sectores donde sí va a ser positivo el impacto, como el tecnológico, con aliados como Japón. Eso está muy bien para la atracción de inversión extranjera directa que busca el país, pero no para el agro nacional”, señaló Chaves.
De acuerdo con un análisis realizado en la CNAA, Costa Rica produce alrededor de 80 bienes agropecuarios, entre frutas, granos, lácteos, vegetales y carnes. Sin embargo, países como Australia, México, Nueva Zelanda, Perú y Vietnam tienen una oferta mucho más amplia.
El dirigente mencionó que sí existen oportunidades en mercados como Japón, Brunei o Singapur.
“Japón habría que trabajarlo con 28 productos. Brunei es una isla pequeña con 451 mil habitantes. Es más, lo que arriesgamos con la apertura comercial que lo que representa ese mercado, por una serie de inconvenientes. Primero, la logística: ¿cómo vamos a llegar a Singapur? Por vía marítima tardaríamos 50 días”, agregó.
Además, recalcó que, con varios países, independientemente de si existe o no un tratado vigente, la balanza comercial es negativa. En 2024, Costa Rica exportó más de $1,5 mil millones a las 12 naciones que integran el Acuerdo Transpacífico, mientras que las importaciones agrícolas superaron los $4 mil millones.
Apertura de mercados
Ante la incertidumbre internacional generada por los aranceles del presidente Donald Trump, que afectan las exportaciones costarricenses con un impuesto del 15%, expertos señalan que el país debe diversificar sus destinos comerciales.
“Costa Rica no puede limitarse a esperar decisiones externas. Este es el momento de diversificar nuestras exportaciones, abrir nuevos socios y revisar la política cambiaria como un mecanismo de ajuste que nos devuelva competitividad”, comentó Rodrigo Cubero, economista y expresidente del Banco Central.
Además, agregó que es necesario que Costa Rica implemente cuatro reformas estructurales para estimular la competitividad y el crecimiento económico del país como: reformar el financiamiento de la seguridad social, para reducir cargas patronales, reducir tarifas eléctricas mediante la apertura del sector, aumentar el gasto público en infraestructura vial, portuaria, de conectividad y de servicios públicos, fuera de la GAM, al igual que impulsar alianzas público-privadas para desarrollar infraestructura crítica.
Estas medidas coinciden con parte de las demandas del sector agroexportador, que resalta problemas como la deficiente red vial y la saturación de los puertos, factores que limitan la competitividad.
“Hay asuntos internos que atender antes de pensar en diversificar mercados. Comex nos ha dicho que eso no es competencia de ellos, pero estamos hablando de un tema país. Ellos forman parte de la institucionalidad y se reúnen cada semana en consejo de gobierno. El sector agroexportador no. Nosotros debemos tocar puertas para que nos escuchen y ser más eficientes”, expresó Chaves.
Espacio en las negociaciones
Otro reclamo del sector agropecuario es la falta de participación en las conversaciones del Transpacífico.
“No hemos sido tomados en cuenta. No sabemos si se respetarán las exclusiones que se habían negociado en tratados anteriores. Con los países con los que no hay un acuerdo, lo que queremos es proteger la producción nacional”, dijo Chaves.
Recordó que, en el pasado, durante la negociación de acuerdos comerciales, el sector agrícola formaba parte de las delegaciones que definían temas arancelarios, volúmenes de comercio y períodos de desgravación.
“La Cámara de Agricultura ha estado sentada en las mesas de negociación y teníamos la oportunidad de defender lo que se consideraba beneficioso en aquel momento”, subrayó.
Pacto Nacional
Dentro de la propuesta presentada a los candidatos presidenciales, las agrupaciones del sector piden defender la producción nacional con medidas como:
• Suspensión de procesos de apertura comercial o bloques económicos que amenacen la soberanía alimentaria.
• Respeto de las condiciones ya pactadas en tratados bilaterales.
• Defensa activa del Estado frente a prácticas de fraude comercial y subfacturación en importaciones.
• Cumplimiento estricto de reglas de origen, evitando triangulación y violación de la denominación de origen de productos nacionales.