Secreto de Estado y favor de la Sala IV

Quién no recuerda al presidente de la República, Luis Guillermo Solís, levantándose en plena sesión de la reunión general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) bajo la excusa de no querer escuchar el discurso de su homólogo Michel Tener, de Brasil. 

Aquella noticia corrió como pólvora, no solo en Costa Rica sino también en el resto del continente, pues no faltó quien además asociara tal acción de toda la comitiva nacional, al desplante que hicieron los representantes de Nicaragua, Venezuela y Ecuador, con quienes nunca hemos querido ser aparejados en temas de orientación política gubernamental. 

Luego una jugada el Poder Ejecutivo dejó una estela de dudas, tras declarar secreto de Estado el informe del embajador tico en Brasil, que, según el canciller Manuel González, contenía información sensible para el país y habría sido la razón por la cual Costa Rica le hizo el feo a la economía más grande de Latinoamérica. 

Hubo tras esa declaratoria un recurso de amparo que interpuso el diputado liberacionista Rolando González, exigiendo que se hiciera público el informe del embajador, que los ciudadanos debíamos saber lo que ocurría y había grandes dudas sobre las acciones de la comitiva ante la ONU y de las advertencias, para decirlo de alguna forma, de lo que sucedía en Brasil. 

La espera no fue mucha, la Sala Constitucional le dio la razón a la Presidencia de la República y respaldó el decreto Nº 39944-RREE del 3 de octubre del año en curso, aduciendo que los datos son sensibles y por tanto son secreto. 

Lo anterior quiere decir que jamás sabremos los ciudadanos lo que el Presidente y su Canciller usaron como justificación para levantarse ante el discurso brasileño, siendo así que aquella acción desafortunada casi que quedó justificada por los magistrados. 

Entonces el desplante de Solís recibió el espaldarazo de la Sala basados en la Carta Magna y en un criterio de la Procuraduría General de la República del 30 de octubre de 1980, donde se dice que los secretos de Estado son los temas relativos a seguridad, defensa nacional y relaciones exteriores.

El gobernante aplaudió y con ello el Canciller, que se le vio sudando tacacos en la cita con los diputados días atrás, cuando nadie podía creer que la huida del recinto de la ONU tuviera un informe de respaldo, para muchos sacado de la manga. 

Ahora hay que ponerle llave al baúl de los decretos y limitarse a entender que la cuestionada decisión quedará en el misterio absoluto, pues nada ni nadie podrá revelar lo que el bendito informe decía. 

Claro está: los cuestionamientos no acaban acá, pues aún quedan preguntas sin responder, como la que sustenta la permanencia del embajador tico en ese país, luego de figurar en la lista de los peor evaluados por el Ministerio de Relaciones Exteriores. 

No sería descabellado inducir que el diplomático también tenía el as bajo la manga y tras semejante favor con el informe confidencial podrá quedarse un tanto más por aquellas tierras de la samba. 

No es cualquiera que pone en riesgo el pellejo dos veces, como dicen popularmente, la primera con el informe que habla mal de Brasil y la segunda con un rendimiento de mediana calidad que no logró una nota mayor al 40. 

Lo cierto es que ante estas situaciones los ciudadanos no pueden desconocer las razones del actuar de sus gobiernos, podría venir cualquiera y desde la silla presidencial aducir secretos de Estado donde no los hay sin mayor justificación. 

Sabemos que este no es el único decreto ejecutivo para declarar secretos de Estado y solo este año hay más de 12 documentos de tal índole que no podremos saber nunca. Ojalá no se haga uso abusivo de tal instrumento jurídico pues faltaba más que ahora haya 1.000 temas en los cuales nuestros gobernantes se escuden declarando que son secretos por seguridad nacional.