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El Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense (SEC) solicitará al Ministerio de Educación Pública (MEP) mantener la licencia sindical prevista para el martes 20 de octubre, pese a que no se realizarán las elecciones para escoger al nuevo Directorio Ejecutivo Nacional.
La solicitud fue acordada este martes por el Directorio Ejecutivo Nacional del sindicato, según informó Yorgina Alvarado, quien funge como secretaria general del SEC, pese a que Gilbert Díaz, actual presidente, ha reiterado en varias ocasiones que Alvarado fue expulsada de la organización.
Alvarado explicó que la jornada se aprovechará para informar a la afiliación sobre las circunstancias que llevaron a suspender el proceso electoral.
“Aprovecharemos esta sesión para desarrollar actividades vinculadas a temas de salud ocupacional que potencien el bienestar integral de nuestras personas afiliadas. Les invito a prestar atención a la información que circulará en nuestras redes oficiales”, declaró.
El SEC no realizará votaciones para elegir a su nueva dirigencia para el periodo 2026-2030, luego de que el Tribunal de Elecciones del sindicato (TESEC) declarara ganadora a la papeleta Unidad y Trabajo (UTRA), encabezada por Gilbert Díaz.
La decisión se tomó después de que la otra papeleta inscrita, Fuerza y Acción para la Renovación Organizativa (FARO), liderada por Alvarado, quedara sin uno de sus candidatos.
Según el TESEC, el Tribunal de Ética y Disciplina del SEC expulsó a Marcos Vinicio Rodríguez Castillo, integrante de FARO, mediante la resolución 391-TED-SEC-012-2026-MRVC, del 21 de setiembre.
La resolución quedó firme porque Rodríguez no presentó recursos de revocatoria ni apelación ante el Consejo Nacional de Representantes. Como consecuencia, perdió la condición de afiliado necesaria para integrar la papeleta y aspirar a un cargo de dirección sindical.
Ambos exdirigentes enfrentan denuncias ante el Ministerio Público por presuntas irregularidades en el manejo de recursos del sindicato.
En el caso de Rodríguez, quien ocupaba la Secretaría de Finanzas, el Tribunal de Ética determinó una posible lesión patrimonial de ¢15,9 millones y $2.830.
Por su parte, a Alvarado se le cuestionan gastos por ¢5,1 millones y $3.683,78 realizados con una tarjeta corporativa del sindicato, sin documentación que justificara las erogaciones.