“Se viene a garantizar la libertad de expresión”

Luego de que la funcionaria judicial Laura Chaves escribiera un artículo de opinión sobre la gestión de la exfiscala general Emilia Navas Aparicio, la vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia Patricia Solano le abrió una causa disciplinaria en la Inspección Judicial.

La letrada de la Sala de Casación Penal mencionó aquel 16 de noviembre del 2021: “Su sello de fiscala implacable se sintió a lo interno del Poder Judicial, muchas personas funcionarias fuimos víctimas de sus acciones arbitrarias. Navas Aparicio se dedicó a abrir causas penales al personal interno del Ministerio Público y de otros ámbitos judiciales, sin la valoración jurídica necesaria que estableciera un juicio de probabilidad, desde mi criterio violentando el principio de objetividad al que está obligado el Ministerio Público”. La jueza penal miembro suplente del Consejo Superior del Poder Judicial no se quedó de brazos cruzados y habría presentado un recurso de amparo contra el propio Poder Judicial en el que argumentó: “Me lesionaron mis derechos con el acto administrativo por violaciones graves y odiosas a la libertad de expresión, libertad de opinión y libertad de prensa”. 

NO SE CALLARÁN

Se le abrió un proceso disciplinario en su contra y, tras varios meses de estudio, la Sala Constitucional ordenó archivar la investigación que hizo el Tribunal de Inspección Judicial.

Chaves indicó a DIARIO EXTRA que: “Pese a que solo he tenido acceso a la parte dispositiva del voto, en la misma se indica que se declara con lugar el recurso de amparo que presenté en procura de la defensa de mis derechos fundamentales. La Sala Constitucional ordenó anular el traslado de cargos que en su momento me hizo el Tribunal de la Inspección Judicial y ordenó el archivo del expediente”, puntualizó. La letrada agregó que es un gran logro, no solo para ella, sino para todas las personas funcionarias judiciales. 

“Es un precedente importantísimo que viene a garantizar la libertad de expresión, de pensamiento y opinión a todo el colectivo judicial. Garantizando que no puede reprimirse el ejercicio de un derecho fundamental como los mencionados, por medio de la potestad disciplinaria, pues sería una restricción contraria a la Constitución Política y a la vigencia de los derechos humanos fundamentales”, aseguró.

Chaves fue más allá y recalcó que el ser funcionarios y funcionarias del Poder Judicial no los inhibe ni les limita el derecho a expresar una idea, aunque la misma constituya una crítica de un tema de interés nacional.

“Asimismo, quienes están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad por las funciones o puestos que desempeñan o desempeñaron deben con humildad aceptar las críticas. Agradezco profundamente a todas las personas, que en momentos tan difíciles para mí y para mi familia, me mostraron su apoyo y solidaridad. Es en estas situaciones que nos damos cuenta quienes son en realidad amigos”, manifestó. 

Se le condenó al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de fundamento a esta declaratoria.