“No estamos hablando de cinco pesos, sino de más de ¢500.000 millones en cuentas de ahorro. Entonces sí, nuevamente se repite la historia, ¿y quién responde por eso?”.
¡Otra vez una cooperativa! Eso es lo que la gente exclama con preocupación en la calle ante el proceso de intervención de Coopeservidores, pues en definitiva nadie se lo esperaba.
Estamos hablando de la cuarta cooperativa de ahorro y crédito más grande del país, con una amplia trayectoria, y que incluso fue premiada en los últimos dos años.
Vimos una ampliación, nuevos productos y un relanzamiento de imagen. Por eso es que no podemos dejar de preguntarnos qué pasó. ¿Acaso esto pudo haberse evitado?
Al igual que con el caso Aldesa, no había indicios para sospechar que algo no andaba bien, simplemente de un momento a otro se habló de problemas de liquidez y en ese proceso han pasado ya casi cinco años sin que las personas vean el reintegro de su dinero.
Ambas entidades tienen en común que pasaban como sólidas. Al estar reguladas, las personas confiaban en que sus ahorros se encontrarían seguros, porque había alguien fiscalizando cada movimiento.
Pero ahora es probable que transcurran al menos dos años para que los ahorrantes de Coopeservidores puedan ver su plata, si es que no se logra el rescate de la cooperativa.
No estamos hablando de cinco pesos, sino de más de ¢500.000 millones en cuentas de ahorro. Entonces sí, nuevamente se repite la historia, ¿y quién responde por eso?
Independientemente de que puedan existir denuncias ante el Ministerio Público, ¿cómo podemos tener seguridad de que nuestro dinero está realmente seguro?
Todo esto pasa por educación financiera y, vamos a ser sinceros, los sitios web de las Superintendencias no son amigables, hay que contar con un conocimiento básico para desplegar la información y luego tener cierto bagaje para entenderla.
Desde hace un año se venían dando publicaciones que a quienes saben un poco del tema les hacían prender las alarmas de que algo venía mal. Todavía cuando se hicieron públicos los indicadores de estrés la luz seguía encendida.
La gente tiene derecho a saber lo que ocurre, el acceso a la información para la toma de decisiones es básico y, no solo eso, las entidades deberían enviar un reporte de sus estados financieros, tal como ocurre con el Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROPC).
¿Cuántas personas en este país pueden saber qué es la suficiencia patrimonial? Aquí se requiere educar a la población para que tenga la opción de decir “sigo” o “me retiro”.
En toda operación hay un riesgo, pero qué difícil que sea el dinero de los ahorrantes el que quede en el limbo, más cuando el seguro de depósitos funciona justo de la mano con una intervención.
De este modo, no existe un mecanismo para la devolución inmediata a los clientes, sino que tendrán que esperar en esta otra ocasión para recibir lo que es suyo.
Entre los afectados nuevamente aparecen asociaciones solidaristas y, tal cual ocurrió con Aldesa, ahora habrá que esperar para ver si es posible recuperar el dinero de los trabajadores.
No podemos hacernos de la vista gorda, la gente merece una respuesta transparente acerca del tiempo que puede transcurrir para ver algún monto de su inversión.
Se necesitan mecanismos eficaces en el sistema para que los ahorrantes no sean los grandes perdedores cada vez que escuchamos la palabra “intervención”.