Con el inicio de las negociaciones del Fondo Especial de Educación Superior (FEES) para el ejercicio 2025, un tema debe de ponerse sobre la mesa: se necesita más eficiencia por parte de las universidades públicas.
Según la Real Academia Española (RAE), la eficiencia se define como “la capacidad de lograr los resultados deseados con el mínimo posible de recursos”. Ese debería de ser el norte no solo en este tipo de acuerdos que impactan a miles de estudiantes universitarios, sino para un sistema de educación superior necesario con miras a formar a los profesionales que estarán al frente de las instituciones y empresas del país.
En 2024, las casas de enseñanza estatales representadas por el Consejo Nacional de Rectores (Conare) y el Gobierno acordaron que el presupuesto de las universidades públicas sería de 576.000 millones de colones. Dicho consenso mantenía la base, que es el presupuesto de 2023, con un incremento del 2% por costo de vida.
También, como parte de los compromisos con la Administración, se indicaba que las universidades estatales destinarían ¢15.000 millones para ser ejecutados como gasto de capital, es decir para invertir, por ejemplo, en mejores instalaciones o beneficios para la población estudiantil.
Sin embargo, ese acuerdo no se consiguió tan fácil. El Gobierno alegaba que la situación fiscal del país era complicada. Incluso en su momento, el propio presidente de la República Rodrigo Chaves criticó que era muy poco el porcentaje del FEES destinado para becas, en específico menos del 11%, mientras que una buena tajada del pastel se iba en salarios y otros gastos corrientes.
Comparó que cuando un hogar debe de economizar no corta el presupuesto para comprar comida, pero sí los de algunos cortes de carne, bebidas onerosas y otros.
Aquí no estamos para criticar la gestión de las universidades y su invaluable papel en la formación de nuestros jóvenes, pero sí para alzar la voz con los recursos del Estado, que al final de cuentas le pertenecer a todos los costarricenses.
El gasto público por sí mismo, solo para cumplir con una disposición constitucional, no se vale. La calidad de la educación superior, los espacios y la inversión deben de ser la prioridad siempre.
Confiamos en que este año las negociaciones saldrán adelante, que el Gobierno y las universidades buscarán un único fin y que pondrán el ojo en los estudiantes.
También confiamos en que se haga desde el Ministerio de Educación Pública una verdadera revisión en los presupuestos destinados para la educación primaria y secundaria: una buena base es vital para que los estudiantes superen un apagón educativo del que lamentablemente aún no hemos logrado encender las luces.
Esa oscuridad que nos dejó el apagón educativo la notamos en las deplorables condiciones de cientos de escuelas con órdenes sanitarias, que lamentablemente repercuten en la calidad de la educación de miles de niños y jóvenes, y hay que reconocerlo, en los educadores, que, a diferencia de los profesores universitarios, así como catedráticos de casas de enseñanza públicas, no ganan varios millones de colones al mes.
Pongamos de primero a nuestros jóvenes. Invirtamos adecuadamente en la educación en todos los niveles. Hagamos que los recursos que este maravilloso país sean bien utilizados. La sociedad del futuro depende del presente, de hoy.