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San Salvador, El Salvador. (AFP) – Unos 5.000 salvadoreños se manifestaron en contra del régimen de excepción alentado por el presidente Nayib Bukele. Dicha medida fue firmada por el mandatario cuscatleco para combatir a las pandillas.
No obstante, distintas organizaciones internacionales han señalado violaciones de Derechos Humanos, detenciones arbitrarias y violencia desmedida contra civiles. La protesta se dio en el 31 aniversario del fin de la guerra civil (1980-1992) del país cuscatleco.
Ondeando pequeñas banderas con la inscripción “Resistencia popular” y “Libertad para los detenidos”, la manifestación salió del parque Cuscatlán, en el sector oeste de San Salvador, y llegó hasta la céntrica plaza Gerardo Barrios. “Estamos aquí en las calles para conmemorar el fin de la guerra civil, pero también para exigir que haya una verdadera paz y que el gobierno cese la represión”, declaró a la AFP Marisela Ramírez, del directorio del Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular.
“Ya sufrimos 12 años de conflicto armado (…) no podemos permitir estos abusos y que esta represión (régimen de excepción) siga en nuestro país”, secundó en rueda de prensa Ivania Cruz, del Comité de Familiares de Presos Políticos de El Salvador.
Por su parte, Sonia Urrutia, representante del mismo Bloque calificó la medida de Bukele como un “retroceso” y “antidemocrática”.
“En estos momentos, están capturando a personas inocentes, a personas pobres, estigmatizadas por vivir en comunidades (vulnerables)”, expresó. Durante este período, las autoridades reportan más de 61 mil personas supuestamente vinculadas con la delincuencia.
En la marcha Raquel Flores, de 51 años, clamó la libertad para su hijo Carlos Antonio Marroquín (27), quien fue detenido por la policía el 6 de mayo en el poblado de Guazapa, unos 25 km al norte de San Salvador.
Flores exhibía una pancarta con la inscripción: “¡Justicia! libertad para mi hijo. Él es un trabajador NO un pandillero”. “Hay mucha arbitrariedad en las detenciones. No investigan, solo llegan a traer a las personas a las casas. Es injusto. Se están capturando líderes sindicales y voces opositoras al actual gobierno”, concluyó.