“Se hizo justicia, pero falta que aparezcan los cuerpos. Lástima que no se llegó a una negociación con ellos”, dijo el padre de una de las dos jóvenes asesinadas en Limón en febrero de 2023, tras la sentencia contra dos sujetos de apellidos Venegas Porras y Vanegas Sánchez.
Se trata de Kristel Aguilar, de 21 años, y Nahomy Ramírez, de 22, ambas madres de dos niñas, quienes fueron ejecutadas dentro de una vivienda en el barrio Las Palmeras.
Posteriormente sus cadáveres habrían sido trasladados en un automóvil a un lugar desconocido y quemados para no dejar ningún rastro de lo ocurrido, pero hasta la fecha se desconoce su paradero.
El papá prefirió dar declaraciones bajo identidad protegida, debido al temor de que por esta sentencia puedan recibir algún tipo de amenaza o represalia.
“Mi intención fue recuperar los restos, quemados o como sea, para darles sepultura. Les diría a los condenados que digan dónde están los cuerpos. Si yo fuera el juez, si dicen, les quito 20 o hasta 30 años”, agregó.
La tesis del Ministerio Público es que tres personas más participaron en los homicidios, una de las cuales falleció en un accidente de tránsito en Nicaragua.
“No he podido dormir pensando dónde está el cuerpo de mi hija. Siento que ella me está hablando, me manda mensajes diciendo que quiere descansar en paz”, relató.
Fiscalía satisfecha
La fiscal Maribeth Chinchilla manifestó la satisfacción de que se condenara a los dos imputados con la pena máxima de homicidio calificado.
“Gracias a prueba científica, fundamentada en análisis de luminol, de ADN, de rastreos de radiobases telefónicas e incontables horas de video, se logró acreditar ante el Tribunal de Limón la participación de los imputados. Se logró hacer justicia a los familiares de las víctimas”, indicó. Chinchilla señaló que, a pesar de que no encontraron los cuerpos, las pruebas en la vivienda donde ocurrieron los hechos determinaron la presencia de sangre de las víctimas, que fue comparada con la de sus padres.
En apariencia los sentenciados tienen relación con hondureños de una banda criminal que es investigada por otras causas.
Sentencia
El tribunal de manera unánime determinó que los imputados son coautores responsables de los homicidios calificados, por lo que por cada uno de los delitos se les impuso 35 años para un total de 70 años. Además por daño moral deberán indemnizar con el pago de ¢100 millones, de acuerdo con el por tanto.
“Consideramos que la investigación trajo elementos de prueba que fueron contundentes para determinar que ustedes tuvieron participación en estos hechos”, dijo la jueza Luisa Jiménez.
Asimismo, dijo que el detallado seguimiento de las cámaras de video permitió establecer la presencia de Venegas Porras y Vanegas Sánchez en la casa donde les dieron muerte a las jóvenes.
Sobre la teoría de defensa, que las muertes se debieron a un crimen pasional, los jueces desestimaron esa tesis al sostener que solo buscaban distraer de los verdaderos hechos.
Por otra parte, Jiménez dijo que mensajes de WhatsApp dados a conocer en el debate demostraban que había interés por que Aguilar y Ramírez estuvieran en ese lugar el día de los hechos.
“Se habla del interés de que Nahomy estuviera ahí y fue por medio de Kristel que llegaron a la vivienda. Por eso descartamos la tesis que quiso imponer la defensa”, explicó.
Familiares de las víctimas llenaron el tribunal esperando
que se dictara justicia tras dos años de espera.
Padre de una de las jóvenes asesinadas
Identidad protegida
“No he podido dormir pensando dónde está el cuerpo de mi hija. Siento que ella me está hablando”.