Se debilita lucha contra el fumado

Desde que se aprobó la Ley Antitabaco, al menos 86 mil personas dejaron de fumar. 

Sin embargo, la falta de medidas que refuercen las prohibiciones habría estancado los avances del país en esta materia.

Según la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas de 2010, elaborada por el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA), unas 434.000 personas fumaban activamente en ese año. 

Para 2022, la cifra bajó a 348.000, de acuerdo con la Encuesta Mundial de Tabaco aplicada en Costa Rica.

Esa reducción también se refleja en la caída de los casos de cáncer de pulmón durante la última década. 

Datos del Ministerio de Salud revelan que en 2012 se reportaron 229 casos, en 2016 fueron 228, en 2020 hubo 226 y en 2022 apenas se registraron 164.

Aun así, la baja en el consumo se ha desacelerado. 

La Encuesta Mundial sobre Tabaco en Adultos (GATS) indicó que la proporción de fumadores apenas pasó de 9,1% en 2015 a 8,7% en 2022.

“Todas las estrategias de la Ley 9028 del 2012 ayudaron a disminuir la cantidad de fumadores. Sin embargo, de acuerdo con las encuestas en 2015 y 2022, la disminución no fue significativa. La disminución se estancó”, aseguró Nydia Amador, presidenta de la Red Nacional Antitabaco (Renata).

¿Problemas para cumplir la Ley?

Aunque existe vigilancia por parte de la Policía Municipal, en pleno centro de San José es común ver vendedores ambulantes ofreciendo cigarrillos sueltos, personas fumando en la vía pública y jóvenes vapeando en paradas de autobús, todo lo cual está prohibido por la Ley.

El jefe policial Marcelo Solano reconoció la situación, así como “el espíritu legislador que buscaba espacios libres del humo del tabaco”. No obstante, tanto él como el alcalde Diego Miranda admiten que los cuerpos municipales no tienen capacidad para supervisar todos los espacios públicos.

“Ahorita estamos operando con déficit, entonces tenemos claridad de que esa es una actividad que la ley encomienda, especialmente a las policías municipales en aquellos cantones donde existen, pero frente a las prioridades operativas pasa a segundo plano”, comentó Solano.

Los comerciantes que venden cigarrillos sueltos, de contrabando o que violan la legislación se exponen a multas de ¢231.000, así como a otras sanciones e incluso al cierre del negocio.

“La norma establece que, en los casos en que se requiera renovar permisos o licencias ante cualquier institución del Estado, deberán demostrar, mediante certificación del Ministerio de Salud, que se encuentran al día con el pago de las multas”, establece la ley.

La migración hacia un nuevo vicio

El desplazamiento del cigarro convencional hacia los vaporizadores es una tendencia mundial que también se replica en Costa Rica. La Encuesta GATS revela que, aunque el fumado sigue en descenso, el vapeo gana terreno.

“En dicha encuesta se determinó que en el país 453.500 personas utilizan productos de tabaco. Asimismo, el uso general pasó de nueve personas por cada cien en 2015 a ocho en 2022, siendo el grupo de 25 a 44 años el de mayor consumo de cualquier producto fumado, lo que representa un 10,6% de los encuestados”, informó el IAFA.

Esto ocurre a pesar de los esfuerzos por reducir el uso de estos productos, pues el sondeo también mostró un aumento en el consumo de cigarrillos electrónicos: del 1,3% en 2015 al 1,6% en 2022.

“La mayoría de los dispositivos están hechos para enganchar al mercado joven, así como sucedió anteriormente con el cigarro. Es muy peligroso”, advirtió Wing Ching, especialista de la Asociación Costarricense de Neumología.

El objetivo de la Ley

Hace 13 años se promulgó la “Ley General de Control del Tabaco y sus Efectos Nocivos en la Salud”.

Su discusión generó múltiples opiniones médicas y económicas entre quienes dudaban si incluir imágenes informativas en las cajetillas o prohibir la venta de cigarrillos sueltos realmente motivaría a los fumadores a abandonar el hábito.

Aunque desde 1995 ya se habían dado pasos para limitar el uso del cigarro al prohibirlo en centros de salud y educativos, fue la Ley 9028 la que introdujo las primeras restricciones serias contra las tabacaleras, priorizando la salud pública.

Hoy el panorama ha cambiado, y distintas organizaciones exigen nuevas medidas como mayores impuestos, empaquetado neutro y regulaciones más estrictas, similares a las que se impusieron en 2012.

“Urgen medidas que aún faltan por imponerse en Costa Rica, como el empaquetado neutro y el aumento de impuestos. ¿Cómo es posible que desde el 2012 no se haya subido el impuesto?”, cuestionó Nydia Amador, presidenta de Renata.

Objetivos de la ley

• Reducir el consumo de productos elaborados con tabaco.

• Minimizar la exposición de la población a los efectos nocivos del humo de cigarrillo.

• Disminuir el impacto sanitario, social y ambiental causado por el tabaquismo.

• Prevenir la exposición especialmente entre niños y adolescentes.

• Promover la educación para la salud y difundir el conocimiento sobre los riesgos asociados al uso de productos asociados.

Logros desde la aplicación de la normativa

• La prevalencia del consumo disminuyó, según los estudios seriados del IAFA.

• La prohibición de la publicidad ha tenido efectos positivos, especialmente en la niñez, que ya no está expuesta a anuncios de tabaco.

• Se reporta una reducción en los casos de cáncer de pulmón.

• También bajaron los índices de comercialización, venta y consumo de productos de tabaco.

Fuente: Renata