La Sala IV acogió una nueva consulta sobre la denominada Ley Jaguar 2.0.
Cabe recordar que el primero en preguntar sobre la legalidad del proyecto de Gobierno fue el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE). A dicho trámite se le dio el expediente 24- 021741-0007-CO.
Posteriormente, la Contraloría General de la República (CGR) presentó una segunda consulta a la cual se le asignó el expediente 24-022441-0007-CO.
Así las cosas, y siendo sobre un mismo tema, los magistrados determinaron, mediante resolución 2024-25125, que el trámite de ambas se viera bajo el expediente de la CGR.
“Por mayoría, se ordena acumular esta consulta que se tramita ante esta Sala en el expediente número 24-021741-0007-CO y téngase como una ampliación de la misma”, señala el documento dado a conocer por la Sala Constitucional.
Los magistrados Fernando Castillo Víquez, Luis Fernando Salazar Alvarado, así como la magistrada Alexandra Alvarado Paniagua salvaron el voto y declararon inevacuable la consulta facultativa de constitucionalidad presentada por la Contraloría.
A favor de la medida estuvieron los magistrados Paul Rueda Leal, Jorge Araya García, Anamari Garro Vargas e Ingrid Hess Herrera.
El plazo de un mes para resolver la Ley Jaguar 2.0 será a partir del 30 de agosto y no desde el 13, fecha que fue presentada la consulta del TSE.
¿Qué busca la propuesta?
-El artículo 2 de la nueva Ley Jaguar modifica la Ley Orgánica de la CGR para que no pueda ejercer funciones relacionadas a asuntos de la Administración activa. Las instituciones del Estado no estarán obligadas a acatar las órdenes de la CGR.
-El artículo 4 modifica el artículo 67 de la Ley General de Contratación Pública (9.986), para que se permitan arrendamientos hasta por 30 años. Además, se podrán comprar o alquilar edificaciones por construir, en proceso de construcción o construidos, incluso en terrenos públicos.
-Permite procedimientos especiales para compras (diferentes a licitaciones). El Gobierno señala que, con ese mecanismo, podría avanzar con la construcción de Ciudad Gobierno.
-El segundo Jaguar modifica la Ley Orgánica de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica de Costa Rica (Japdeva). Dicha propuesta permitiría convenios por 50 años para desarrollar inversiones de infraestructura.