El hecho de que Infinito Gold haya decidido desistir del reclamo hacia Costa Rica por la anulación del contrato que facultaba la explotación minera en Crucitas abre la posibilidad de que el Gobierno emprenda acciones para frenar el desastre en la zona.
Entendemos que las autoridades digan que todavía no tienen el fallo completo para emitir alguna directriz, pero ciertamente desde ya esperamos que se esté gestando un plan orientado a poner un alto a la extracción ilegal de oro.
Y es que el reclamo por parte de la empresa impidió que se pudieran tomar decisiones a lo largo de los últimos 21 años, lo que se convirtió en caldo de cultivo para que distintos tipos de organizaciones tomaran control de la zona a expensas de las autoridades.
Se estima que hay una extracción de ¢1.500 millones al mes en Crucitas. Ese es dinero que no queda en Costa Rica y bien podría servir al país y a sus habitantes.
Entonces la pregunta es: ¿no sería mejor que estos recursos puedan utilizarse en lugar de regalarlos a terceros? Si bien es cierto, la minería comprende una práctica que puede tornarse nociva para el ambiente, una solución debe haber.
Puede que exista una técnica que no sea tan contaminante, pero es un hecho que ya existe un daño y que este podría hasta empeorar si no tomamos acciones como sociedad.
Los diputados, los geólogos, el Ministerio de Ambiente y Energía, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Gobernación, Policía y Seguridad Pública, y el resto de las autoridades deben emprender acciones tendientes a que se haga una extracción responsable.
No seamos ingenuos, la actividad no se va a frenar porque simplemente tengamos el deseo, hay que poner reglas claras y, repetimos, si es el caso, resulta mejor que el oro quede entre nosotros a que se lo lleven otros.
Esperamos que el Gobierno pronto pueda dar una respuesta en relación con lo que hará y que esto no tenga una oposición férrea de los ambientalistas para que el tema se analice a conciencia.
La extracción legal y con prácticas más sanas a lo que hemos visto tiene que ser considerada, no podemos cerrarnos a esto. Debemos ver hacia adelante y dejar el pasado atrás.
Ya existen en el Congreso al menos dos proyectos de Ley orientados a una reforma, sin embargo, habría que ver si van de la mano con la expectativa que pudiera existir en materia ambiental.
El oro pertenece al Estado. La extracción ilegal por lo tanto representa un robo y un desperdicio, así como un desastre ambiental por la forma en que se está sacando el material.
Hay que hacer cambios a la Ley y por ahí debería empezar ya la discusión, a la espera del fallo. No tenemos por qué seguir perdiendo el tiempo.