Se abre proceso contra excónsul de Trinidad y Tobago

La Cancillería abrirá un proceso administrativo en contra de la excónsul costarricense en Trinidad y Tobago, Evelyn Gutiérrez Soto, con el que se pretende cobrarle los salarios que recibió entre mayo y setiembre del año anterior, luego de que trascendiera que la Contraloría General de la República la había inhabilitado para ocupar cargos públicos por dos años.

El ministro de Relaciones Exteriores, Manuel González, acogió la recomendación que en ese sentido hizo la dirección jurídica de la institución.  La decisión se tomó el miércoles anterior tras una consulta planteada por el jerarca en diciembre anterior.

La Cancillería busca recobrar los salarios que recibió Gutiérrez entre mayo y septiembre del 2016, sus boletos de ida y regreso, el exceso de equipaje y el traslado de su menaje de casa. A pesar de que DIARIO EXTRA solicitó el monto total por estos rubros, el ministerio no los facilitó.

Tal como lo dio a conocer este medio el pasado martes, el canciller Manuel González y la Comisión Calificadora del Servicio Exterior decidieron nombrar a Evelyn Gutiérrez como cónsul en Trinidad y Tobago el 17 de marzo del año anterior, a sabiendas de que la mujer tenía abierto un proceso administrativo en la Contraloría General de la República (CGR) por el mal uso de ¢2.320 millones del Fondo de Apoyo para la Educación Técnica y Superior Puntarenense (Faesutp).

En mayo de ese mismo año, el ente contralor la encontró responsable por dicho caso y la inhabilitó a ocupar cargos públicos por dos años, pero la exfuncionaria no comunicó nada a la Cancillería y el ministro y sus asesores pasaron por alto el fallo.

Fue hasta setiembre del año anterior cuando trascendió la resolución de la CGR y se despidió a Gutiérrez sin responsabilidad patronal.

A pesar de que en setiembre se concretó su despido, fue hasta diciembre anterior cuando la Cancillería inició el estudio para ver si podía reclamar el pago de esos cuatro meses de salarios y el menaje de su casa.

La Cancillería dijo que decidió nombrarla a pesar de que tenía un expediente abierto en la Contraloría, amparándose en el principio de presunción de inocencia.