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Sandra Piszk, diputada del Partido Liberación Nacional (PLN) y miembro de la comisión especializada que estudia la reforma a las pensiones, señaló a los diputados de gobierno como los responsables de la huelga que protagonizan los empleados judiciales.
Ese foro lo conforman los oficialistas Marcela Guerrero y Franklin Corella, quienes no accedieron a la petición planteada por los trabajadores, de basar la reforma en el pago de las jubilaciones en el proyecto de ley que estos presentaron.
“Muy lamentable que el Poder Judicial esté en huelga por la intransigencia de algunos diputados. Especialmente responsabilizo a los diputados de gobierno porque el problema en última instancia le cae al Gobierno de la República.
En este momento todas las oficinas están cerradas, todo por no aceptar un texto que como bien se dijo aquí no hacía absolutamente ninguna diferencia si se escogía el de la Supen o el de los gremios. Alguno de los dos tenía que ser modificado para ser ajustado”, declaró la liberacionista.
Piszk junto a su compañera de bancada Maureen Fallas y el legislador Jorge Arguedas presentaron la petición de los gremios en el seno de la comisión, pero Arguedas y Corella, así como la legisladora Natalia Díaz y Johnny Leiva, se opusieron, lo que provocó la huelga.
REMEDIAR EL MAL
Al respecto Marcela Guerrero, del Partido Acción Ciudadana, dijo que presentó una propuesta de negociación para acabar con la huelga, pero incluye las modificaciones de un aumento en la edad de retiro a 65 años y el reconocimiento del 72% del salario bajo el cálculo de los últimos 20 años de trabajo. (Ver recuadro)
“Estudiando el texto base de los gremios, el texto que se trabajó con la Supen y el estudio actuarial de la UCR, es indispensable que realicemos modificaciones al régimen para que los actuales funcionarios y funcionarias del Poder Judicial tengan una pensión en el futuro.
Mi propuesta es que no aumentemos el aporte obrero y respetemos los derechos adquiridos de los trabajadores y pensionados, pero entonces tendremos que subir rangos de edades de retiro y de tiempos laborados.
Es medular que se saque la administración del fondo de la Corte y se constituya una junta administradora externa que sea técnica, pues la culpa de este mal la tiene la mala administración. A la Asamblea Legislativa le corresponde remediar ese mal, la cura puede ser dolorosa, pero es para que las pensiones se sostengan a futuro”, concluyó.
EN MEDIO DE TENSIÓN
El miércoles está citado a audiencia el frente gremial, a pocos días de que a los congresistas se les venza el plazo máximo para aprobar un proyecto de ley que pasará a la corriente legislativa.
En medio de la tensión los legisladores regresarán a sesionar justamente ese día, después del fin de semana largo por la celebración de la Anexión del Partido de Nicoya.