Los ministros que no quieran firmar leyes estarían expuestos a sanciones o incluso ser inhabilitados del cargo por cuatro años.
De forma unánime y con 39 votos, los diputados aprobaron el expediente 23.192, el cual garantizaría la reglamentación por parte del Poder Ejecutivo.
Así, el texto señala que Casa Presidencial deberá hacerlo con las leyes aprobadas por la Asamblea Legislativa en el tiempo establecido por los proyectos.
En caso de no hacerlo, tendrán seis meses para realizarlo y el plazo podrá prorrogarse hasta por tres meses más mediante criterio técnico razonado.
No obstante, el punto más relevante del proyecto es que el jerarca o funcionario que incumpla con la obligación incurrirá en el delito de incumplimiento de deberes en la función pública.
De acuerdo con el artículo 339 del Código Penal, será reprimido con pena de inhabilitación de uno a cuatro años, el funcionario público que ilegalmente omita, rehúse hacer o retarde algún acto propio de su función.
Igual pena se impondrá al que ilícitamente no se abstenga, se inhiba o excuse de realizar un trámite, asunto o procedimiento, cuanto está obligado.
“Si una ley se aprueba, no es para que los jerarcas la engaveten, sino que se pueda aplicar y buscar un Estado más eficiente para todos”, indicó la legisladora del Partido Unidad Social Cristiana, Daniela Rojas. También serían sancionados los jerarcas que no reglamenten las leyes en el tiempo establecido.
El texto será votado en segundo debate el próximo jueves. En caso de ser aprobado por la Asamblea Legislativa pasará a manos de Casa Presidencial para convertirse en ley de la República.
