San José, Curridabat y La Unión albergan mayor cantidad de precarios

En Costa Rica 183.051 personas viven en asentamientos informales (AI), es decir, en lugares donde no tienen seguridad de tenencia de los terrenos o viviendas que habitan, que van desde la ocupación ilegal hasta viviendas de alquiler informales.

Hay en el país 576 de estos espacios, conocidos como precarios, repartidos en las siete provincias, de acuerdo con el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (Mivah), según datos actualizados al 16 de mayo. 

San José es la provincia que agrupa más con 175 y 80.292 personas viviendo en esta condición, para un 43,86% del total de personas que habitan en casas en condición irregular. 

Asimismo, el cantón central josefino el que tiene más asentamientos informales con 48 y al menos 28.259 habitantes, lo cual representa el 15,44% del total. Es decir, la capital tiene más gente viviendo en precarios que cada una de las seis provincias restantes.

Curridabat, otro de los cantones josefinos, concentra 14.674 personas asentadas en espacios de ocupación ilegal o sin el permiso de sus propietarios, 9.888 de ellas en Tirrases distribuidas en 17 asentamientos. 

A pesar de que Cartago tiene relativamente pocos precarios (48), es la segunda provincia con más personas que viven en tales circunstancias con 20.839. 

El cantón de La Unión es el que mayor problemática presenta con 9.865 en esa condición, la mayoría en el distrito de Río Azul, que suma 7.882. 

El problema se centra en la Gran Área Metropolitana (GAM), pero no se limita a esta. 

En Puntarenas, por ejemplo, se contabilizan 102 asentamientos de este tipo, en los que viven 20.674 personas. Una vez más la capital provincial es la que concentra a más gente en residencias levantadas de manera ilegal con 8.006.

RECORTES EN BONOS

De acuerdo con datos del Fondo de Subsidio para la Vivienda (Fosuvi) y del Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi), este año únicamente se entregarán 10.286 bonos de vivienda.

Según las proyecciones, la inversión social para erradicar precarios será de ¢124.888 millones, siendo el segundo año con la menor aprobación de bonos en los últimos 25 años, solo después de 2023, cuando se entregaron solo 8.222.

En noviembre de 2022 el Poder Ejecutivo presentó el proyecto de creación del Ministerio de Territorio, Hábitat y Vivienda (Mihabitat), tramitado en la Asamblea Legislativa bajo el expediente 23.450.

La idea es que la nueva entidad absorba tanto al Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) como al Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi).

No obstante, en caso de aprobarse dicho proyecto, desaparecería el bono familiar de vivienda que se otorga a las familias más vulnerables, de acuerdo con un informe del Departamento de Estudios, Referencias y Estudios Técnicos del Congreso.

Lo anterior porque se derogaría el artículo 50 de la Ley del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda y Creación del Banhvi. Asimismo, el Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea advirtió que el proyecto sería inconstitucional.

El artículo 65 de la Carta Magna establece que “el Estado promoverá la construcción de viviendas populares y creará el patrimonio familiar del trabajador”.

A partir de la presentación de dicha iniciativa de ley y de los recortes en el presupuesto para el Banhvi, la organización civil Bloque de Vivienda ha llevado a cabo una serie de protestas en diferentes partes del país.

CAMBIAR DE ESTRATEGIA 

De acuerdo con Guillermo Carazo, director ejecutivo del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos (CFIA), urge una reingeniería del sistema financiero para el sector vivienda porque “prácticamente es el mismo de los años 80 (del siglo pasado)”.

Para solucionarlo, el Colegio propone la construcción de una Ley de creación del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, la cual no elimine artículos relacionados con el bono, sino que los fortalezca, así como incluir una reestructuración a la Ley de Planificación Urbana.

De acuerdo con Mario Rodríguez, ingeniero del CFIA, en estos momentos se tiene por válido el paradigma de que las tres instituciones dedicadas al tema (Mivah, INVU y Banhvi) realizan actividades similares y duplican sus funciones.