
Cómo resumir en una palabra la fatalidad y descalabro que podría sucederle a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), institución emblemática de la salud de los costarricenses, si deja de atender por la desidia de los gobiernos a sus miles de pacientes diarios.
Probablemente no hay un vocablo que lo describa, pero lo intentaremos con las palabras deprimente, inaceptable y vergonzoso, porque desde hace años se viene advirtiendo de esta peligrosa situación, y como siempre los gobernantes de turno han respondido con su tradicional cantaleta cansina de siempre: establecer comisiones para estudiar el caso.
Lo cierto es que, además de otras ambigüedades, es un problema financiero que debió resolverse por allá de los años 80. ¿Entonces qué ha sucedido en estos 30 años para que todo siga igual?
De todos es sabido la pila de estudios actuariales, realizados por organismos internacionales, universidades públicas, firmas consultoras, las comisiones creadas al efecto por los gobiernos, y todos han terminado en lo mismo: diálogos sordos y verborreas infructuosas.
Tan irritante ha sido la situación que las propias comisiones especiales de la Asamblea Legislativa creadas con esos propósitos y que han dedicado años estudiando la situación desde diferentes vertientes y ofreciendo excelentes propuestas para salvar técnica y administrativamente a la Caja han terminado en los archivos o los gobiernos de turno nunca les dieron su importancia, ni permitieron al menos la cortesía para su estudio.
Si la Caja entrara en insolvencia financiera (si es que ya no lo está) y pierde su asombrosa capacidad de atención médica reconocida en el mundo, definitivamente no lo aceptará la sociedad ni la democracia costarricense, y una enorme conmoción nacional sacudiría las bases populares con resultados imprevisibles.
Por esas razones todos los costarricenses deberíamos aliarnos en un gran pacto nacional para que se busque la adecuada sostenibilidad financiera de la salud pública. Los aportes que se hagan para hacer viable este gran pacto o los que se faciliten por cualquiera de los medios deben lograr que los gobernantes, bajo el imperio de la ley y el poder de todas las organizaciones del país, se vean obligados expeditamente a proveer a la institución los recursos que necesita para que opere dignamente.
Conviene evitar que el ciclo de la indiferencia se repita nuevamente -sabiéndose que existe desde hace años la acumulación de ofertas razonables- para su solvencia financiera y operativa.
Se advierte también que los competidores de la Caja hacen su lobby con el propósito de someterla para que al final se logre su cometido: privarla de a poco de los servicios más rentables, hasta que quede reducida a unos cuantos y como siempre ha sucedido: los servicios más caros, pero menos elementales a costa del Estado.
La familia costarricense dueña de la Caja se quedará con el único recurso inmaterial posible: ver de largo los disparates cometidos por sus gobernantes para congraciarse con los instintos mezquinos que solo ven en el mercantilismo su objetivo final. Nuestra paz social descansa sobre esta benemérita institución.
Señor presidente, señores diputados, traslado a ustedes las acciones a tomar.
*Exdiputado PUSC