Salud y buena conducta serán requisitos para que reos trabajen

Para que una persona privada de libertad sea considerada apta para trabajar en la vía pública, debe superar un filtro exhaustivo que involucra evaluaciones legales, disciplinarias y de salud.

Ver a internos realizando labores de mantenimiento en rutas de alto tránsito como la autopista Florencio del Castillo, la Circunvalación Norte o las inmediaciones del Aeropuerto Juan Santamaría despertaron una serie de interrogantes sobre los criterios de selección y los mecanismos de control.

De acuerdo con el plan Cero Ocio anunciado por el Gobierno, las salidas responden a un estricto perfil técnico y a protocolos de seguridad diseñados para minimizar cualquier riesgo de evasión.

Según el Ministerio de Justicia, el requisito primordial es la ausencia total de reportes disciplinarios durante su estancia en el sistema. Además, el candidato no puede registrar antecedentes de evasión, tentativa de fuga o quebrantamiento de medidas de seguridad en su historial.

Desde la perspectiva jurídica, el plan prioriza a aquellos privados de libertad que se encuentren próximos a cumplir la mitad de su condena o que ya hayan superado ese umbral, lo que garantiza que el incentivo de la reinserción supere cualquier impulso de fuga. A esto se suma la exigencia de no presentar consumo activo de sustancias psicoactivas y demostrar un interés genuino en procesos de educación y formación.

El componente humano y psicológico es validado por un equipo interdisciplinario de cada centro penal, compuesto por profesionales en Trabajo Social, Psicología y Orientación. Estos especialistas certifican que el reo posee las actitudes, competencias y disposición necesarias para ejecutar tareas ocupacionales de forma responsable. 

Finalmente, se descarta a cualquier persona con padecimientos crónicos o limitaciones funcionales, asegurando que su salud sea compatible con el esfuerzo físico que demandan las obras en carretera.

Protocolo de fuga: La respuesta
de la Policía Penitenciaria

A pesar de la rigurosa selección, el Ministerio de Justicia cuenta con una hoja de ruta crítica para actuar ante cualquier eventualidad. Cada operación de trabajo fuera de los centros está regulada por el protocolo institucional denominado “Diligencias con población penal fuera de los establecimientos penitenciarios”.

Este protocolo, ejecutado por la Policía Penitenciaria, establece medidas de seguridad, supervisión y custodia permanente sobre el grupo, que actualmente oscila entre 20 y 24 personas provenientes de la Unidad de Atención Integral (UAI) Reynaldo Villalobos. 

En caso de que se presente un intento de evasión, el manual de procedimientos define acciones de respuesta operativa inmediata.

Dichas acciones no se limitan a la contención en el sitio; el protocolo garantiza mecanismos de coordinación y comunicación en tiempo real con otras autoridades competentes para activar operativos de localización y recaptura de forma conjunta. 

La vigilancia es constante, asegurando que la labor de “embellecimiento de la cara de ingreso al país” se realice bajo un marco de orden absoluto.

Hacia la sostenibilidad del modelo

El Gobierno defiende que el trabajo dignifica y mejora la salud mental de los internos, reduciendo las tasas de reincidencia. La Presidenta de la República, Laura Fernández Delgado, ha señalado que el objetivo es que los privados de libertad “se ganen el arroz y los frijoles” produciendo para el Estado, lo que se traduce en un ahorro significativo al evitar la contratación de terceros para el mantenimiento vial.

Actualmente, el Poder Ejecutivo impulsa un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa para darle permanencia al plan. 

Esta legislación permitiría formalizar convenios con la empresa privada para que los reos generen ingresos destinados a su propia manutención, el apoyo a sus familias y la reparación del daño a las víctimas, consolidando así un modelo de justicia restaurativa basado en la seguridad y el rigor técnico.