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El Ministerio de Salud perdió ¢1.200 millones que no logró ejecutar por supuestas trabas burocráticas presentadas en tres procesos de contratación pública.
Además del desaprovechamiento económico, algunas obras en sitios vulnerables sufrieron un atraso de más de 100 días y el equipamiento necesario para la atención de los usuarios llegó con un año de retraso.
Según explicó Mary Munive, jerarca de la cartera, una compra de equipo computacional, la adquisición de vehículos y la rehabilitación de una zona donde antes existía un asentamiento se atrasaron por presuntas resoluciones tardías de la Contraloría General de la República (CGR).
La ministra aseguró que el ente contralor se excedió en los plazos de respuesta en los tres procedimientos.
En el caso de los automóviles, la CGR tenía 30 días para resolver, pero tardó 63. Por ese motivo, Salud afirma que tuvo que modificar el presupuesto 2025 y buscar nuevos fondos, ya que se vio obligada a devolver ¢636 millones, mientras que las áreas rectoras se quedaron sin vehículos.
“Pudimos comprar el doble de vehículos. Hay que mejorar realmente la gestión en este país. Yo invito a que las autoridades de la Contraloría revisen sus procesos. No es justo que seamos tan ineficientes en este país”, subrayó Munive.
Respecto al desalojo ocurrido el año pasado del sector conocido como Miravalles 2, en Río Azul, el Ministerio sostiene que asumió los gastos de acondicionamiento, limpieza y seguridad de la zona. La falta de respuesta a un recurso de amparo provocó la devolución de ¢659 millones, además de un atraso de 100 días en la ejecución de los trabajos pendientes.
No obstante, la Contraloría respondió asegurando que el problema se debe al mal manejo de tiempos por parte del máximo ente rector de la salud, ya que la CGR, según su versión, actuó conforme a la Ley.
“Si hubo atrasos fue por la falta de planificación y decisiones oportunas que corren siempre a cargo de las computadoras. Es falso que los atrasos sean culpa de la Contraloría”, detalló a Extra TV Roberto Rodríguez, representante de la División de Contratación Pública.