Pese a que la Contraloría General de la República (CGR) ya había improbado el giro de ¢1.100 millones, el Ministerio de Salud hizo caso omiso y procedió al desembolso de dicha suma al Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (Icoder) para los Juegos Deportivos Nacionales.
En este sentido, tras una auditoría financiera efectuada a la entidad, sobre la razonabilidad de los saldos de algunas partidas de gastos correspondientes al año 2012, no se detectaron otros problemas, pero la CGR sí le jaló las orejas al Ministerio de Salud, en el sentido de que se deben de respetar las decisiones del ente contralor.
“El artículo 12 de la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos prohíbe a las entidades del sector público girar transferencias hasta tanto el presupuesto de la entidad perceptora haya sido aprobado por esta Contraloría General. No obstante, el Ministerio de Salud giró, el 13 de febrero de 2013, una transferencia corriente al Icoder, por ¢1.100 millones, con el objeto de cubrir gastos del Programa Juegos Deportivos Nacionales, sin que ese Instituto contara previamente con la aprobación presupuestaria por parte del Órgano contralor.
Sobre el particular, se conoció que el Icoder había presentado ante esta Contraloría General el presupuesto extraordinario No. 1-2013 para el trámite de aprobación correspondiente el 15 de enero del presente año, en el cual incorporó la citada transferencia. Sin embargo, ésta fue improbada debido a que no se había aportado la base jurídica que la sustentaba. Empero, la improbación referida, se pudo comprobar que el monto fue depositado en la cuenta de Caja Única correspondiente al Icoder, el día 13 de febrero del 2013”, recalcó la Contraloría.
Por ello es que se le solicitó al jefe de la Dirección Financiera, Bienes y Servicios del Ministerio de Salud, Jorge Araya Madrigal, que tome las medidas correctivas para que previo al giro de una transferencia a terceros, se verifique y documente en el expediente respectivo, el cumplimiento del artículo 12 de la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos No. 8131, en lo que corresponde a la aprobación presupuestaria requerida del órgano contralor.
“Al respecto, deberá informar a esta Contraloría General, a más tardar el 31 de mayo de 2013, sobre las medidas adoptadas para el cumplimiento efectivo de esta disposición”, exigió la CGR.