Salud de los costarricenses: una bomba de tiempo

Costa Rica ha sido un referente en toda la región en materia de salud y seguridad social. Por años, el modelo solidario de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) ha sido reconocido como un ejemplo de atención y alcance para la población.

No obstante, dicha situación ha cambiado en los últimos años producto de inacciones y decisiones políticas, las cuales están repercutiendo en el bienestar de los ticos. 

Todo eso se refleja en los hospitales nacionales: uno de los más emblemáticos, el Calderón Guardia, alcanzó un 155% de saturación y antes centros como el México y San Juan de Dios también han visto afectados sus servicios por situaciones similares. Si se hila más fino, el asunto se torna peor fuera de San José. 

Centros médicos como el San Rafael de Alajuela, La Anexión de Nicoya, el Max Terán de Quepos o el Tony Facio de Limón han tenido que dejar pacientes durmiendo en sillas o en los pasillos durante días. 

Ni qué decir del Max Peralta, en Cartago, el cual ha sido un ruego de sus habitantes por más de tres décadas. Sobre este centro hospitalario, aún no se ve la luz al final del túnel.

Muchas salas de emergencia operan por encima de su capacidad, se carece tanto de camas como de equipo médico, y tras de cuernos palos: no hay suficientes especialistas, que reclaman por mejores condiciones salariales.

“Sin una reforma que garantice la sostenibilidad del sistema de salud, el deterioro de los servicios se profundizará”.

A todo esto, se debe sumar las interminables listas de espera. 

La actual Administración aseguró que bajaría los tiempos para atender pacientes, pero 2025 arrancó con más de 185.000 costarricenses en espera por una cirugía o más de 190.000 aguardando una cita. 

Con ese escenario, muchos optan por desprenderse de sus recursos para consultar servicios privados de Medicina, los cuales han venido a desahogar la crítica situación sanitaria. 

Pero además el precio de los medicamentos se convierte en todo un dilema.

Si se hace una comparación, el valor de pastillas para los nervios, ansiedad, estrés o depresión en Costa Rica resulta hasta el doble de caro con respecto a países como Honduras o Nicaragua. 

En territorio nacional, una pastilla puede llegar a ser 107% más costosa que en El Salvador. Remedios para la presión arterial, cardiopatías, diabetes u otras afecciones reportan cargos excesivos.

En territorio nacional, no existe una regulación del dinero pagado por las medicinas desde 1994, luego de la aprobación de la Ley 7472 que promueve la competencia y la protección efectiva del consumidor.

Mientras en el Congreso los diputados discuten abrir este mercado y pesan criterios del sector farmacéutico respecto a los genéricos y condiciones de venta, los ticos siguen adquiriendo salud a precio de oro.

Algunos, con menos recursos, se ven obligados a interrumpir sus tratamientos, automedicarse, usar remedios caseros o recurrir a mercados informales con riesgos sanitarios. ¿Se acuerda usted de las pastillas que se venden en el Parque de la Merced? Pues muchas de ellas salieron de la misma Caja y otras provenían de países cercanos.

Ni qué decir de la deuda que el Estado tiene con la CCSS. El monto supera los ¢4 billones y, luego de tres años, Hacienda y la Presidencia Ejecutiva de la institución no se ponen de acuerdo para solventar ese grave inconveniente. 

La institución enfrenta dificultades financieras y administrativas que obstaculizan una mejora estructural del sistema. Aunque existen diagnósticos claros sobre los problemas del sector, las soluciones implementadas han sido parciales y a menudo insuficientes. Sin una reforma integral que garantice la sostenibilidad, el deterioro de los servicios seguirá profundizándose.

En medio de todo eso, aparecen comisiones que, lejos de resolver, pretenden llevar a comparecer al presidente Rodrigo Chaves para que rinda explicaciones sobre si la Caja está quebrada o no, en un escenario que pareciera más un show político electoral que una responsable acción para encontrar soluciones integrales a la atrofiada seguridad social.

Costa Rica no puede permitirse seguir ignorando esta crisis. Se requiere de un compromiso político y social real para rescatar el sistema y evitar que esta bomba de tiempo termine generando un colapso total. 

El país tiene los recursos y el talento humano para salir adelante, pero necesita voluntad y acción inmediata. La salud de los costarricenses no puede seguir en juego.